Hace 30 años entró en vigor la ley de restitución. Las disputas continúan hasta hoy
Después de 1989, las restituciones fueron unos de los elementos más importantes de la transformación de la economía checa. El objeto de la ley era paliar los daños causados en la esfera de propiedad privada por el régimen comunista.
En la República Checa, la restitución se refiere a la devolución de bienes que fueron confiscados o estatalizados desde el 25 de febrero de 1948 al 1 de enero de 1990 a sus dueños originales, entre los que se encuentran propietarios privados, pero también iglesias, por ejemplo. Se trata de bienes inmuebles perdidos por la emigración, o la estatalización sin recibir compensaciones, la nacionalización en violación de la normativa de la época, o en virtud de un contrato de compraventa o donación celebrado en condiciones notablamente desfavorables. Se suponía que no solo el estado debía devolverlos, sino también la gente que los hubiera adquirido del estado.
Sin embargo, a menudo la devolución de la propiedad después 1989 resultó en muchos años de litigios, algunos de ellos persisten hasta hoy en día.
Por ejemplo, para los emigrantes checos la devolución de la propiedad era complicada por la necesidad de tener residencia permanente en Checoslovaquia, o en República Checa después. Esta condición fue abolida por el Tribunal Constitucional en 1994. Sin embargo, la condición de poseer la ciudadanía checa se sigue manteniendo.
En las disputas de restitución, a menudo lo que es más importante no es la ciudadanía actual del solicitante, sino que la ciudadanía checoslovaca del solicitante o de sus ancestros en el momento en que se confiscó la propiedad. Hasta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo terminó en 2002 la disputa de restituciones de la familia Gratzinger por una casa en Liberec y de la familia Polacký por una casa de campo en Pyšely. Las autoridades checas se lo negaron porque los solicitantes solo tenían ciudadanía estadounidense. La Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo rechazó la queja alegando que la condición de ciudadanía no era deficiente desde el punto de vista de la Convención de Derechos Humanos.
La cuestión de la ciudadanía representó un papel destacado en el caso de František Oldřich Kinský, el descendiente de una de las familias aristocráticas checas más famosas. Él luchaba por la devolución de la propiedad de su familia. En 2001, el registro civil de Praga 1 le expedió un certificado de ciudadanía checa, pero en 2004 el Ministerio del Interior decidió que el certificado no era válido. Sin embargo, en enero de 2007, el Tribunal Municipal de Praga abolió la decisión del Ministerio del Interior y por lo tanto Kinský siguió siendo ciudadano checo.
