Recibir la nacionalidad checa no es un derecho del extranjero, afirma Tribunal Constitucional
Los extranjeros que pidan la nacionalidad checa no tienen el derecho a recibirla, y solo tienen derecho a conocer las razones en el caso de que la negativa no obedezca a motivos de seguridad. Es la conclusión del Tribunal Constitucional Checo, que en un reciente dictamen se ha negado a derogar la ley de Nacionalidad.
En su sentencia el Tribunal recuerda que, según el orden constitucional checo, el extranjero que solicita la nacionalidad no tiene derecho a obtenerla, y que es el Estado el que decide según sus propios criterios si la otorga o no.
El candidato tiene derecho a saber por qué es rechazado, siempre que no se haya considerado que esa persona es una amenaza para la seguridad nacional. Es precisamente esta excepción el artículo de la ley contra el que luchaba el ciudadano ruso, explicó su abogado, Filip Schmidt, en la Televisión Checa.
“Se trataba no de quitarle al Estado la posibilidad de decidir a quién le otorga la nacionalidad o no. Queríamos asegurar que los candidatos rechazados que no son informados de por qué ha pasado esto tuvieran la posibilidad de investigar, o hacer que se investigue, esa decisión”.Según el Tribunal Constitucional, no hay motivo para modificar la legislación, ya que el hacer público los motivos exactos de por qué se rechaza la concesión de nacionalidad en estos casos podría amenazar la seguridad del Estado. El interés nacional predomina así sobre el interés del individuo.
Sin embargo, de acuerdo con Pavel Kandalec, experto en derecho de la Universidad Masaryk de Brno, la sentencia del Tribunal Constitucional deja sin resolver una situación legal espinosa.
“En estos casos en los que se niega la petición de naturalización porque existe un riesgo de seguridad, el interesado no tiene ninguna posibilidad de revisar la decisión. Esto abre la cuestión de quién decide que una persona representa o no un riesgo de seguridad. Lo hacen los servicios de inteligencia. Se puede presentar una reclamación en el Ministerio del Interior, pero ahí acaba. El proceso termina a nivel del Ejecutivo, y eso es problemático porque las decisiones del Ejecutivo deberían ser revisadas por el Poder Judicial”.De esta manera, en opinión de Kandalec, hay que preguntarse si la información obtenida sobre alguna persona por los servicios de inteligencia es tan secreta y tan sensible que no puede ser compartida con un juez. Es decir, si la amenaza para la seguridad nacional es en estos casos tan grande que justifique renunciar a la justicia que en un Estado de derecho garantiza la posibilidad de apelar a un Poder Judicial independiente.