Se gravarán las reparaciones económicas a las iglesias

La Cámara Baja checa superó el veto del Senado y aprobó este martes el proyecto de ley para gravar las reparaciones económicas que el Estado paga a las iglesias.

Foto ilustrativa: Pete Linforth, Pixabay / CC0

Las iglesias en Chequia estarán obligadas a pagar a partir del año próximo un impuesto por las reparaciones económicas que reciben del Estado Checo por los bienes que les habían sido confiscados por el régimen comunista y que no les pudieron ser devueltos en el marco de las restituciones.

La Cámara de diputados volvió a aprobar la propuesta respectiva presentada por los comunistas, que no obstante, había sido rechazada por el Senado. Para entrar en vigor a partir del año 2020, falta que la norma sea ratificada por el presidente de la República.

A favor del gravamen de las remuneraciones a las iglesias votaron 114 diputados de los 200 en total, sobre todo los de los partidos gubernamentales y los comunistas. El líder de esta última formación Vojtěch Filip, aplaudió el resultado de la votación.

Vojtěch Filip, foto: Jan Bartoněk, Archivo de ČRo

”Estoy contento con ese resultado y quiero recordar que cuando hace unos años la Ley de restituciones a las iglesias fue aprobada por el Parlamento checo, el 80% de la población estaba en contra de esa normativa. Será un nuevo ingreso para el Estado, al igual que en el caso de otros impuestos”.

El gravamen de las reparaciones financieras a las iglesias fue una de las condiciones planteadas por el Partido Comunista de Bohemia y Moravia para tolerar al Gobierno minoritario de Andrej Babiš. De acuerdo con esa formación, la norma permitirá recobrar unos 15 millones de euros en impuestos del total de 78 millones de euros que el Estado Checo paga anualmente a las iglesias a modo de reparaciones económicas.

Varios diputados que dieron su respaldo al proyecto, entre ellos Jan Volný del movimiento ANO, argumentaron que las remuneraciones a las iglesias son demasiado elevadas.

Jan Volný, foto: Filip Jandourek, Archivo de ČRo

”La suma de las remuneraciones a la que se había llegado en el año 2012 no correspondía al valor de las propiedades en cuestión. Esta es mi opinión y la de muchos otros diputados. El precio que entonces fue fijado para ser pagado por el Estado Checo por cada propiedad que no pudo ser devuelta fue demasiado elevado, hasta exagerado, y no se tomó en cuenta el estado en el que esa propiedad se encontraba antaño, ni tampoco sus dimensiones”.

Los partidos de oposición por su parte, en primer lugar el democristiano Partido Popular y el Partido Cívico Democrático, critican la aprobación de la norma que en su opinión afectará seriamente a las iglesias desde el punto de vista económico. Esa postura la comparten los Piratas, TOP 09 y el movimiento de Alcaldes e Independientes (STAN).

El líder del democristiano Partido Popular Radek Výborný recalcó que la nueva normativa pone en peligro la propia seguridad jurídica en el país, además de obstaculizar la separación Iglesia-Estado.

Foto: zandy126, Pixabay, Pixabay License

En base a la Ley de restitución a las iglesias, las comunidades religiosas y las iglesias suscribieron posteriormente otros acuerdos, encaminados a permitir su paulatina autofinanciación. La mencionada normativa abarca tanto las restituciones a las iglesias por parte del Estado Checo, como la paulatina separación Iglesia-Estado. A ese fin sobre todo debieron servir las remuneraciones por las propiedades que les habían sido robadas a las iglesias y las comunidades religiosas durante el régimen comunista y que el Estado no pudo devolverles”.

En caso de que la normativa sea ratificada por el presidente Miloš Zeman, sus detractores están decididos a presentar antes de finales del próximo mayo un recurso en su contra ante el Tribunal Constitucional.

La Ley de restitución a las iglesias que abarca las reparaciones económicas fue aprobada en 2012 durante el Gobierno de Petr Nečas, del Partido Cívico Democrático, y entró en vigor a partir de 2013. Implica la devolución de algunos bienes y el pago de remuneraciones durante 30 años, que en total sumarían unos 2600 millones de euros.