El Senado rechaza gravar las reparaciones económicas a las Iglesias
El Senado rechazó este miércoles la enmienda de ley aprobada por la Cámara Baja que pretende gravar las reparaciones económicas que paga el Estado a las Iglesias.
Y precisamente fueron los comunistas los que presionaron para que la Cámara Baja diera luz verde a la enmienda a la ley para gravar esas reparaciones económicas.
De los 74 senadores presentes en la sesión de este miércoles, un total de 64 se opuso a la decisión de la Cámara de diputados. La mayoría coincidió en que la medida es inconstitucional, como dijo a la Radiodifusión Checa Miloš Vystrčil, jefe de la bancada senatorial del opositor Partido Cívico Democrático.
“El Senado protege el estado de Derecho y los principios fundamentales de la sociedad democrática. Con la aprobación de la mencionada enmienda a la ley, el Estado faltaría a su palabra. Y esto significaría que no podríamos fiarnos del Estado“.
El respaldo a la enmienda de ley para gravar las reparaciones económicas que el Estado paga a las Iglesias, fue una de las condiciones del Partido Comunista para apoyar en la Cámara Baja el voto de confianza del Gobierno del primer ministro, Andrej Babiš.
La correlación de fuerzas en el Senado es diferente. La mayoría de los senadores son de la oposición política, y con anterioridad habían adelantado que estaban en contra de la enmienda.
Las fuerzas del oficialismo han empezado una nueva cruzada para respaldar la propuesta comunista, según ha indicado Jaroslav Faltýnek, jefe de la bancada del movimiento ANO en la Cámara de diputados.
“Voy a recomendar a todos nuestros diputados que levanten la mano contra la resolución del Senado“.
De acuerdo con las leyes checas el rechazo de una ley o enmienda por parte del Senado significa que la misma ha de volver a la Cámara Baja donde los diputados pueden o no refutarlo.
Varios senadores y diputados adelantaron que en caso de vencer dicho guion llevarán el caso a la Corte Constitucional.
El gobierno del primer ministro Petr Nečas aprobó en 2013 la devolución de todos los terrenos e inmuebles que fueron confiscados a las Iglesias por el régimen comunista, y compensar económicamente por el patrimonio que no se pudo devolver.
La propuesta fue aprobada por el Parlamento, y la restitución supuso la devolución de edificios y tierras por un valor de 2 930 000 000 de euros y la promesa de indemnizar a lo largo de 30 años el resto de las confiscaciones.
