La UE aprueba 7000 millones para Chequia, pero condicionados a su lucha contra la corrupción
Los ministros de Finanzas de la Unión Europea aprobaron este lunes el plan de recuperación checo de la crisis del COVID-19 por una cuantía de 7000 millones de euros. Los pagos, sin embargo, solo se producirán en caso de que Chequia resuelva los problemas de conflictos de intereses que la Comisión Europea señaló en una auditoría. El Gobierno ya ha pedido una prórroga para acometer los cambios requeridos.
La República Checa e Irlanda podrán acceder en las próximas semanas a los primeros pagos del plan de recuperación tras recibir el visto bueno del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea. Praga obtendrá ya 900 millones de euros, el 13% del total de 7000 millones del plan, antes de que acabe 2021 y en los próximos años deberían realizarse el resto de transferencias.
Casi la mitad de los fondos no reembolsables irán a parar a infraestructuras de transportes y la transición ecológica. De hecho, el plan europeo exige que un 37% de la cuantía como mínimo sea destinado a proyectos para mejorar la situación medioambiental. La transformación digital o la formación y el mercado laboral son otros de los ámbitos más apoyados por los fondos.
Sin embargo, para recibir el dinero del plan de renovación, la República Checa tendrá que solventar los problemas de conflictos de intereses de los que le acusa la auditoría llevada a cabo en 2019 por la Comisión Europea y en la que aparece como primer señalado el primer ministro, Andrej Babiš. Para el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, Praga debe mejorar sus sistemas de control de conflictos de intereses.
“Esta cuestión fue tratada muy cuidadosamente en las negociaciones con la parte checa, dada la serie de insuficiencias descubiertas por la auditoria en el sistema de aprovechamiento de fondos europeos y de sus órganos de control. La corrección de estas carencias será objeto de una atenta supervisión”.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya avisó en su visita a Praga en julio de las condiciones del plan.
“El plan checo contiene puntos clave concretos que impiden el conflicto de intereses y refuerzan los mecanismos necesarios de auditoría y control, así como la transparencia”.
Las conclusiones de la auditoría de la Comisión Europea, publicadas en 2020, apuntaban la ilegalidad de los fondos europeos recibidos por Agrofert desde 2017, al considerar que el primer ministro, Andrej Babiš, es aún parte interesada del grupo a pesar de haber dejado sus acciones en fondos fiduciarios.
El presidente del Gobierno checo ha negado en repetidas ocasiones tales acusaciones, y repite que no tiene Agrofert bajo su control o propiedad. También rechaza que el país no cuente con los mecanismos adecuados en la lucha contra los conflictos de intereses. Tampoco su Gobierno ha movido ficha en la dirección apuntada por la Comisión Europea. Este 8 de septiembre, precisamente, era el plazo marcado por la Comisión Europea para que Chequia, en concreto el Ministerio de Industria, expusiera por carta las medidas llevadas a cabo para solventar sus carencias en la lucha contra los conflictos de intereses. El Ministerio, en su lugar, lo que ha solicitado es una prórroga del plazo, según informó también este lunes el servidor de la Radio Checa, iRozhlas.cz. “Algunas de las medidas pedidas requieren de un plazo mayor de lo previsto para poder ser realizadas”, se argumenta en la carta a Bruselas.
