Hay que prevenir la violencia doméstica, según el Estado, pero no brinda recursos
Chequia lidia con la falta de servicios de prevención contra la violencia doméstica mientras que los casos siguen creciendo en el país. El Estado busca vías para mejorar la situación sin que afecte al presupuesto.
De acuerdo con un estudio del Instituto de Criminología y Prevención Social, los programas terapéuticos que ayudan a las personas a manejar la rabia y, consecuentemente, previenen la violencia doméstica, son difícilmente accesibles y luchan contra una financiación inestable en la República Checa. A su vez, los expertos concuerdan en que la terapia tiene efectos muy positivos fácilmente visibles y puede ayudar a disminuir el creciente número de casos de violaciones, violencia doméstica y asesinatos de motivación personal. Con la Radio Checa habló sobre su experiencia Václav Chytrý, psicólogo de Diakonie, servicio social de la Iglesia Evangélica de los Hermanos Checos.
“Por un lado, se trata de personas sin hogar. Personas que tienen problemas con el alcohol y las drogas. Por otro, son personas de puestos muy altos que ganan mucho dinero. El 95% de quienes atienden a estos programas sí saca algún beneficio de las consultas. Entre el 50% y el 60% experimenta un cambio notable que es visible también para su entorno”.
Prosigue Chytrý que, además de la variedad de sus clientes, también se encuentra con distintas motivaciones por las que buscan sus servicios. Algunos vienen de forma voluntaria y otros por decisión judicial.
“Me acuerdo de una persona que tuvo que ir a la terapia por decisión de un tribunal. Llegó diciendo que, en definitiva, no era agresivo y que no había nada que hablar. Entonces nos quedamos en silencio, una cita, dos citas… Al final de la segunda consulta perdió los nervios, se enfadó y se puso agresivo. Me insultaba a mí y al Estado. En este momento cambió todo, la agresión estaba presente y pudimos trabajar con ella”.
No obstante, programas como los de Diakonie son ofrecidos solo por diez organizaciones checas que se encuentran, sobre todo, en Praga y Brno, mientras que en las regiones de Karlovy Vary o Vysočina no hay ninguno. En el resto del país, se trata de un consultorio por región, como dijo Hana Přesličková, del Instituto de Criminología y Prevención Social.
“En otras regiones hay una instalación de este tipo. No tienen una capacidad suficiente porque las organizaciones operan en las ciudades más grandes de cada región y son inaccesibles desde zonas más alejadas”.
Las organizaciones no gubernamentales son capaces de atender a unos 2000 clientes anualmente pero cientos de personas tienen que ser rechazadas. Como dice Josef Petr, de la Liga de los Hombres Abiertos, más de la mitad de estas personas vienen por decisión propia.
“Nos contacta un gran número de clientes igual que a otras organizaciones que hacen la misma labor. No tenemos capacidad para atender a todas las personas que necesitan nuestro servicio. Tenemos una red que funciona pero necesita mayor apoyo por parte del Estado”.
La Liga de Hombres Abiertos planea crear junto a otras organizaciones una asociación que negociaría mejor financiación y, por lo tanto, aseguraría un funcionamiento estable del sistema y mejor accesibilidad. Por el momento, el Estado apoya estos servicios con unos 180.000 euros al año, mientras que, aproximadamente, un millón de euros más llega del Fondo Noruego y la UE. El propio Estado checo es consciente del problema, como cuenta Radan Šafařík, director del Departamento de la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Oficina del Gobierno.
“La financiación de unos cientos de miles de euros, sin duda, no es suficiente para cubrir la demanda en toda la República Checa. Es algo que estamos debatiendo y para lo que estamos buscando soluciones”.
Este año, el Gobierno checo aprobó un plan de acción para entre los años 2023 y 2026 que se centra en la prevención y la accesibilidad de los servicios para las víctimas, así como para los agresores. Según sostuvo la delegada del Gobierno para los Derechos Humanos, Klára Šimáčková Laurenčíková, el plan debería traer cambios a la legislación y fortalecer servicios como los hogares de asilo, las camas de crisis, etcétera. El plan, no obstante, no garantiza la financiación estable de aquellos centros. Además, como dijo Radan Šafařík en su momento, una de las condiciones para aprobar el plan de acción era que no supusiera ningún gasto al presupuesto estatal. Los datos, sin embargo, confirman que las consecuencias de la violencia doméstica suponen al Estado más gastos que su eventual prevención, advierte Šimáčková Laurenčíková.
