Cámara Baja impuso cambios en ley sobre choque de intereses

La Cámara Baja checa rechazó este martes el veto presidencial y aprobó la enmienda a la ley sobre el choque de intereses. La normativa contiene la obligación de los funcionarios públicos de informar sobre sus ingresos y propiedades e implica castigos a los burócratas que abusen de su poder en beneficio propio.

Václav Klaus

La ley sobre el choque de intereses fue introducida en la legislación checa en enero de 2007. Ese mismo año la Socialdemocracia y el Ministerio de Justicia impusieron una enmienda que obligaba a los funcionarios públicos a presentar una declaración tributaria pública. El Senado rechazó la enmienda y el presidente de la República, Václav Klaus, la vetó calificándola de injusta “porque afectaba la privacidad de un sinnúmero de ciudadanos honestos”.

Klaus no está de acuerdo con que, además de los ministros, diputados y otros funcionarios, tengan que publicar sus ingresos directores de escuelas, administradores de castillos, parques zoológicos, teatros, etc., mientras que los jueces, fiscales y rectores de universidades no tienen esa obligación. El ministro de Educación, Ondřej Liška, recalcó que la regla es necesaria y prometió presentar pronto una enmienda que trataría semejantes casos.

“La ley sobre choque de intereses es muy importante y considero que la Cámara Baja procedió correctamente al rechazar el veto del Presidente. En cuanto a la obligación de los directores de escuelas de informar sobre sus ingresos, ese artículo no debió haber sido introducido en la normativa. Después de las vacaciones veraniegas presentaré otra enmienda a la ley para liberar a los directores de escuelas de esa obligación”, prometió Liška.

Petr Nečas y Ondřej Liška (Foto: CTK)

Según lo establece la normativa, los funcionarios públicos tendrán que presentar una declaración tributaria pública por primera vez a finales de junio. No obstante, la ley de choque de intereses sigue provocando rechazo en el escenario político checo. El jefe del Consejo legislativo del Gobierno, Cyril Svoboda, considera que la norma es absolutamente innecesaria.

“Soy muy radical en esta cuestión. Creo que semejante regla no debería existir, porque sólo sugiere cómo eludir la responsabilidad. Hasta el presente nadie ha sido acusado o condenado en base a esa ley. A mi juicio, mucho mejor sería una mayor participación directa de los ciudadanos en la gestión pública y que los ciudadanos, en caso de sospechar de abuso de poder, por ejemplo, tengan el derecho de exigir a cualquier burócrata y en cualquier momento el rendimiento de cuentas”, señaló Svoboda.

En cuanto a las estipulaciones de la ley, a partir de ahora ya no será necesario, por ejemplo, un permiso especial para tener acceso a las declaraciones tributarias de los burócratas. Por otro lado, la multa a los funcionarios que violen esa ley se redujo de 20 mil euros a dos mil euros.