Se juzgará a cinco antiguos oficiales de la Seguridad del Estado comunista
Comenzará el juicio con cinco oficiales de la antigua Seguridad del Estado comunista por haber chantajeado a los disidentes a principios de los años 80.
La operación llamada “El Saneamiento” arrancó a finales de los años 70. Su objetivo fue obligar a emigrar a los artistas que habían firmado Carta 77, declaración que pedía a la representación política checoslovaca cumplir con la Declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos.
Jaroslav Jeroným Neduha, una de las víctimas del chantaje, describió cómo transcurrió en su caso.
“Se trataba de interrogatorios que demoraban cuatro, cinco horas. En el último me dieron dos opciones, o me encarcelaban por ocho años y medio, o me iba a Viena”.El músico no tenía otra posibilidad y tuvo que abandonar a su país natal. Los oficiales de la Seguridad del Estado utilizaban distintos métodos para llegar a su objetivo.
La abogada Zdeñka Galková precisa que en el inventario de la Policía Secreta no faltaban las amenazas de recorrer al uso de la violencia física.
“Había daños corporales, fracturas… a un señor inclusivamente le amenazaron con secuestro de su esposa y sus hijos”.
Según las informaciones de la Radiodifusión Checa, la demanda fue presentada contra cinco de los antiguos oficiales.
Uno de ellos es también el ahora concejal del pueblo de Zdice, Rudolf Peltan, cuyo mandato está a punto de acabar, y quien rechaza cualquier responsabilidad por lo ocurrido.“No estoy de acuerdo con nada de eso. Hay que dejar que decida el Tribunal”.
A pesar de lo bien elaborado y organizado que era el plan de la Seguridad del Estado para deshacerse de los adversarios al régimen, algunos resistieron y se quedaron en el país. Entre los que abandonaron Checoslovaquia se encontraba por ejemplo el músico Jaroslav Hutka, el rabino Karel Sidon y el obispo Václav Malý.
En 2001 empezaron los procesos judiciales contra algunos oficiales involucrados en las prácticas de la Policía secreta. Jaromír Obzina, entonces ministro del Interior, quien dio la orden para comenzar con la operación, no fue condenado debido a su muerte en 2003.
La mayoría de los acusados se quedó en libertad condicional. Sin embargo, en 2006 dos oficiales fueron condenados a cuatro años de prisión por haber golpeado a las personas interrogadas.