Chequia y Polonia firman la paz por la mina de Turów entre críticas a ambos lados de la frontera
El contencioso entre Chequia y Polonia por la mina de carbón fronteriza de Turów concluyó este jueves con la firma de un acuerdo y el pago de 45 millones de euros de Varsovia a Praga. El pacto no ha gustado a asociaciones de vecinos, ecologistas y algunos analistas.
Los primeros ministros de Chequia y Polonia, Petr Fiala y Mateusz Morawiecki, se reunieron este jueves en Praga para firmar el acuerdo que durante meses se había fraguado en discretas conversaciones entre ministerios de ambos países. Inmediatamente después de la rúbrica, Polonia transfería los 45 millones de euros de compensación acordados a cambio de que Praga retire su demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por los daños que la explotación de la mina de carbón de Turów, situada justo en la frontera con Chequia, ocasiona a varias poblaciones adyacentes en la región de Liberec. Estas sufren la pérdida de aguas subterráneas, elevados niveles de contaminación del aire por las partículas en suspensión, así como contaminación acústica.
Según el acuerdo, Polonia deberá construir un muro subterráneo que contenga las filtraciones de agua hacia territorio polaco, además de levantar otro muro que debería mejorar la calidad del aire en los alrededores de la extracción y reducir el ruido. Petr Fiala subrayó que el acuerdo asegura la mejora de las condiciones en la zona.
“El acuerdo garantiza que el muro subterráneo funcione, ya que en el caso de que no funcione, permite que la extracción deba detenerse”.
“El acuerdo garantiza que el muro subterráneo funcione, ya que en el caso de que no funcione, permite que la extracción deba detenerse”.
35 de los 45 millones de euros abonados irán a parar a la región de Liberec, mientras que los otros 10 millones los gestionará el Gobierno central para controlar los niveles de ruido, contaminación atmosférica, sismicidad y el nivel de las aguas subterráneas. También se apoyarán proyectos de desarrollo medioambiental en el lugar.
La justicia europea había dado la razón en sus demandas a Chequia en mayo de 2021, castigando a Polonia con el pago de medio millón de euros cada día mientras no cerrase la explotación de carbón en Turów. Varsovia se niega a abonar un solo euro y la causa consiguió tensar aún más sus ya delicadas relaciones con Bruselas.
En cuanto a Chequia y Polonia, desde la vuelta a la democracia en ambos países hace tres décadas, no había surgido ninguna disputa parecida en unas relaciones que, por lo demás, son totalmente fluidas. Posiblemente, incluso desde el final de Segunda Guerra Mundial no se había producido un enfrentamiento como este. Fiala destacó que gracias al acuerdo volverá la buena sintonía entre Praga y Varsovia.
“Hemos llegado a un acuerdo que es importante para proteger a los ciudadanos que viven en las regiones afectadas por la extracción y sus consecuencias. Pero es importante también para eliminar los obstáculos en las relaciones checo-polacas”.
Ambos países han cedido en sus exigencias para lograr el acuerdo. Chequia exigía 50 millones de euros y un periodo de diez años de supervisión judicial. Polonia ofrecía 40 millones y dos años. La cifra pactada y el plazo de cinco años de supervisión judicial muestra la intención de ambas partes de alcanzar un compromiso.
En el ámbito político regional de Liberec, el acuerdo ha gustado a los alcaldes de las localidades más afectadas, que han mostrado su satisfacción. El gobernador de la región, Martin Půta, también señalaba que los 35 millones de euros que recibirá son exactamente la cantidad que había pedido.
"Escandaloso"
Sin embargo, asociaciones de vecinos afectados u organizaciones ecologistas critican que el acuerdo se ha gestado a sus espaldas, en secreto, y sin contar con su opinión o beneplácito. Milan Starec, de la asociación de vecinos Uhelná, no confía en que mejore sustancialmente la situación de los pueblos afectados y cree que el Gobierno no se ha mostrado muy hábil en las negociaciones.
“No quiero exagerar en las críticas, pero estamos en una situación en la que nos han dado la razón la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde el abogado general ha dicho que la extracción era ilegal. Incluso un juzgado polaco anuló hace unos días el certificado de impacto medioambiental de la mina. Y justo en este momento es cuando firmamos este acuerdo que es desventajoso para nosotros”.
La organización ecológica Greenpeace ha calificado la forma de actuar del Gobierno checo de “escandalosa”. La coordinadora de la organización en Chequia, Nikol Krejčová no confía en la solución pactada.
“El muro subterráneo, que se menciona como la solución a todo el problema con el agua y para alcanzar el acuerdo, sencillamente no va a funcionar y el agua se filtrará. El acuerdo no resuelve el problema. Chequia tenía que haber pedido la limitación de la extracción y el fin de la explotación lo antes posible”.
El exministro de Medio Ambiente del Gobierno de Andrej Babiš, Richard Brabec, se ha sumado a las críticas, apuntando a que un acuerdo parecido ya tuvieron la oportunidad de firmarlo ellos en el cargo, pero que lo rechazaron porque lo consideraban perjudicial para la República Checa. “Teniendo en cuenta que Polonia quiere explotar la mina durante otros 22 años más, un periodo de supervisión judicial de cinco años es inaceptablemente corto”, escribió Brabec en Twitter.
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Pero tampoco el gobierno de Morawiecki se libra de las críticas. Según publica este viernes el diario Rzeczpospolita, Polonia va a pagar un alto precio por haber desatendido la cuestión del impacto medioambiental. De haberse producido un problema semejante en el interior del país, ya estaría solucionado desde hace mucho tiempo, pero por tratarse de problemas causados a otro país, no se le dio importancia ni el Gobierno tuvo que enfrentarse a la presión de los políticos locales, dice la cabecera. Sin embargo, continúa el periódico, Polonia no solo sale perdiendo mucho dinero, sino también prestigio a nivel internacional. El diario también apunta a que el acuerdo podría no solucionar los problemas a medio plazo y que en el caso de que el muro de contención de las aguas subterránea, efectivamente, no funcione, las consecuencias pueden ser gravísimas.
En cualquier caso, que Praga retire ahora la denuncia ante la justicia europea ya no cambia en nada la multa de medio millón de euros diarios impuesta en mayo de 2021 a Polonia que esta se niega a pagar. En Bruselas ya se busca la forma de descontarlos de los fondos comunitarios que debe recibir Varsovia, y posiblemente sea con intereses.
