“La ‘tercera vía’ es la vía más rápida al Tercer Mundo IV”

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Con este espacio, "Del Totalitarismo a la Democracia", Radio Praga trata de ofrecer un vistazo sobre lo que ha representado el proceso de transición en la República Checa. Este espacio está dedicado a todas las personas interesadas en conocer detalles sobre la transformación checa desde la dictadura comunista hasta la democracia, por lo que creemos que encontraremos muchos radioescuchas en Cuba, donde importantes sectores de la población se preparan también para un proceso de cambio pacífico en la Isla.

Los alemanes, por tener grandes capitales y una visión más largoplacista de sus reformas, pudieron enfatizar la eficiencia. En la ex RDA, los activos se vendieron o se subastaron principalmente a compañías de Alemania Occidental por una agencia especial formada por el gobierno de Helmut Kohl llamada la Treuhandanstalt, o la “mano que ayuda”. No hubo vouchers en este proceso.

Hungría también utilizó la venta directa como el principal método. El país atrajo grandes cantidades de inversión extranjera desde un comienzo vendiendo sus principales paraestatales a inversionistas extranjeros, como fue la principal compañía de focos Tungsram a General Electric. En Bulgaria, el gobierno reformador también había hecho de la privatización un tema central de su campaña, pero al poco tiempo se dieron cuenta de que era un proceso más complicado que lo originalmente planeado. Sin embargo, Bulgaria se distinguió por haber comenzado su privatización por medio de la restitución, o lo que se llamó “re-privatización”. Al poco tiempo de haber tomado el poder, el gobierno de Philip Dimitrov aprobó una ley para retornar cien mil pequeñas empresas, talleres y bodegas a los dueños (o a sus descendientes) originales. Esta ley no sólo fue relativamente fácil de implementar sino que “le dio vida a las calles y ciudades en sólo tres meses”, según su autor intelectual.

Aparentemente, los antiguos dueños habían conservado todos esos años los títulos de sus confiscadas propiedades. Sistema híbrido: Estonia decidió seguir un modelo híbrido. Este país tuvo dos años para aprender de las experiencias de las privatizaciones de Europa Central. Para asegurar que hubiese el capital y el conocimiento occidentales pero también que la población pudiera participar en el nuevo capitalismo, se decidió que una simple mayoría (50% + 1) de las acciones corporativas de la paraestatal se la vendieran a un inversionista estratégico extranjero y el resto se distribuyeran en forma de vouchers a la población de forma gratuita en 1994.

Estonia estaba siendo asesorada por la agencia alemana Treuhandanstalt, la cual se opuso a la participación de los vouchers, pero los estonios hicieron caso omiso e implementaron este modelo de todos modos para asegurar su aceptación en la población. Diferentes tipos de vouchers se crearon para privatizar viviendas, terrenos y para comprar acciones en empresas a privatizarse (en esta última categoría, directamente o a través de fondos de inversión). Más vouchers se le dieron a ex dueños de propiedades que fueron confiscadas por las fuerzas soviéticas y a ex presos políticos.

Letonia siguió un sistema de vouchers similar para privatizar viviendas, donde el cálculo base era otorgar un voucher a cada individuo por cada año de residencia; con vouchers añadidos para los letones étnicos y deducidos para los que trabajaron en la KGB, las fuerzas armadas o el KPSS. El director de la agencia de privatización estonia era Jaan Manitski, un suecoestonio que había sido gerente del grupo musical ABBA. En Polonia, la privatización comenzó tarde ya que el Sejm no acordaba sobre el mejor método de privatización de grandes paraestatales prefiriendo que la mayor parte de éstas se quedara, mientras tanto, en manos del Estado. Cuando se acordó a mediados de los años ‘90 un método, éste se dividió en etapas y consistió en varias herramientas. El arquitecto de este programa, Janusz Lewandowski, lo diseñó alrededor de algunos objetivos fundamentales:

1) Prevenir que los “gerentes rojos” obtuvieran control, directa o indirectamente, de las empresas estatales que manejaban y crear un control externo de dichas empresas.

2) Facilitar la participación de expertos y consejeros extranjeros para proveer dirección a los gerentes polacos, que carecían de habilidades en una economía de mercado.

3) Mantener a las empresas bajo dueños polacos, no extranjeros. 4) Asegurar que cada polaco (ya sea ciudadanos comunes como los trabajadores de las empresas en cuestión) recibiera beneficios tangibles del proceso de privatización tanto en el título de propiedad como en el eventual incremento del valor de las empresas.

La primera etapa de privatización polaca fue en 1990 y consistió en vender, en condiciones favorables, las pequeñas y medianas empresas a los ciudadanos, principalmente a los que ya las manejaban. A esto se añadió las partes de las empresas que fueron desmanteladas para venderlas a pequeños emprendedores. La segunda etapa consistió en vender las grandes empresas paraestatales. Se utilizaron cinco métodos:

1) Flotación de las acciones de la compañía en el mercado de valores, después de haberla corporatizado.

2) Venta directa a inversionistas activos, principalmente extranjeros.

3) Venta por apalancamiento (leveraged buyouts) a los trabajadores y gerentes de la empresa, en condiciones favorables.

4) Venta de los activos o secciones de empresas desmanteladas o liquidadas.

5) Por medio de vouchers, distribuidos desde 1995 a la población adulta a través de fondos de inversión donde cada uno de los mismos controlaba a un determinado grupo de paraestatales.

En este último esquema, los inversionistas utilizaban sus vouchers para comprar acciones no directamente en las empresas, sino en los fondos de inversión. Los quince Fondos de Inversión Nacional eran consorcios entre inversionistas polacos y extranjeros (tales como Lazard Freres, Wasserstein Perella y Yamaichi International Europe), y se encargaban de supervisar que las empresas estatales fueran bien manejadas mientras se les encontraban otros inversionistas estratégicos.

Dichos Fondos proporcionaban el conocimiento y el control externo necesario para asegurar el manejo apropiado de las empresas paraestatales. El 15% de los vouchers fueron reservados para los trabajadores de la empresa en cuestión, y además se les otorgaba un lugar en la mesa directiva. Las empresas de servicio público —electricidad, drenaje, gas, agua, servicio postal y ferrocarriles— se mantuvieron bajo el control gubernamental aunque se buscaron formas de alentar la participación del sector privado en algunas de ellas. La industria del carbón, por su importancia y falta de competitividad, también se mantuvo bajo el control del gobierno mientras se buscaban esquemas para cerrar minas paulatinamente y reestructurar las restantes.

Las principales reformas en este ámbito son legislativas, judiciales y administrativas. En lo legislativo, las principales instituciones deberían asegurar la fácil “entrada” de nuevas empresas (liberalización) y su fácil “salida” (ley de bancarrota), liquidación de empresas estatales, inversión extranjera, una reforma bancaria para desmonopolizar la banca y regular su operación, un código comercial y otro civil, la creación de un mercado de valores, leyes que obliguen a la divulgación de información empresarial a los accionistas, sistemas que protejan a accionistas minoritarios, y la creación de mecanismos para que los dueños puedan cambiar a los gerentes en las empresas.

En lo judicial, se necesita equipar a las cortes para que puedan resolver disputas comerciales y contractuales. También se deben desarrollar mecanismos y prácticas para proteger a los empresarios de las propias agencias de gobierno y de las mafias. En lo administrativo, se necesita hacer cambios en la administración bancaria, reestructurar los bancos y adoptar regulaciones para que éstos se conduzcan sanamente (como establecer un mínimo de depósitos y un tope a los pasivos); adoptar un sistema tributario no-confiscatorio, razonable y moderno; y un sistema de compensación para los desempleados.

Los países que surgieron de la periferia de la Unión Soviética y Yugoslavia, además, tuvieron que construir las instituciones más básicas como un banco central, oficinas de administración, una moneda propia, entre otras. La “construcción institucional” en la reforma económica provocaba algo de controversia, ya que se temía que se intentara utilizarla en pos de los intereses del pasado para sobre-regular (y estrangular) al naciente libre mercado. Hasta la fecha se debate cuál debería ser el momento preciso dentro de las reformas económicas para introducir las diversas instituciones.

Hungría adoptó una estricta ley de bancarrota, para darle a las empresas un incentivo para reestructurar desde un comienzo. Dicha ley les daba noventa días a los gerentes de empresas con dificultades de pago para presentar un programa de reorganización (que tenía que ser aprobado unánimemente por los acreedores), o de liquidación. Dicha ley resultó en 22.000 peticiones —17.000 de liquidación y 5.000 de reorganización— en 1992 y 1993.93 Polonia adoptó una ley de bancarrota menos estricta, mientras la República Checa tuvo el sistema de “salida” de empresas menos desarrollado de este grupo, denominado el grupo “Visegrad”.

Un fenómeno usual en las transiciones fue el hecho de que los nuevos gobiernos reformadores heredaran una banca débil y corrupta, ya que en los últimos años o meses del gobierno anterior se otorgaron grandes préstamos a los líderes políticos o empresariales aliados al previo régimen. Esto le sucedió al gobierno de Mazowiecki en Polonia por ejemplo (igual que al gobierno reformador en Serbia más tarde). La reforma bancaria polaca de 1993 fue compleja, pero consistió principalmente en cambiar las malas deudas por bonos gubernamentales respaldados por ayuda financiera extranjera, una regulación para incrementar las reservas bancarias, y controles sobre el tipo de préstamos que se podían efectuar.

Ya que las economías de tipo soviético se caracterizaban por sus extensos monopolios surgió un debate sobre si éstos deberían ser desarmados (o por lo menos regulados) antes de permitir la liberalización de precios de sus productos, ya que abusarían del mercado. En Bulgaria, se estableció un Consejo de Desmonopolización por el gobierno interino en 1991, el cual en poco tiempo desmanteló a cien compañías para crear ochocientas en su lugar, antes de liberalizar sus precios y privatizar. En Polonia y Hungría, se establecieron de igual forma comités de competitividad.