La vía moderada checa hacia la superación del pasado totalitario - Parte I
Con este espacio, "Del Totalitarismo a la Democracia", Radio Praga trata de ofrecer un vistazo sobre lo que ha representado el proceso de transición en la República Checa. Este espacio está dedicado a todas las personas interesadas en conocer detalles sobre la transformación checa desde la dictadura comunista hasta la democracia, por lo que creemos que encontraremos muchos radioescuchas en Cuba, donde importantes sectores de la población se preparan también para un proceso de cambio pacífico en la Isla.
Los prolegómenos del proceso de una búsqueda de equilibrio con el pasado quedaron especialmente bajo la influencia de los representantes de la oposición, que tomaron sobre sus hombros la responsabilidad histórica que suponía el paulatino trasvase de poder. Incluso en este campo específico dominó durante largo tiempo, y en muchos sentidos, algo parecido a la ausencia de una concepción orientadora clara.
Desde el principio, tuvo un papel decisivo la diferente experiencia de una serie de grupos sociales concentrados en la oposición en el invierno de 1989/1990 y el diferente grado de conexión con el régimen de post-"normalización" en Checoslovaquia. Con la decisión de convocar las primeras elecciones generales libres en 1990 no ganó tiempo únicamente el Foro Cívico. En el ínterin de seis meses hasta dicha convocatoria a las urnas, una serie de elementos del antiguo régimen lograron mantenerse en sus puestos, e incluso instituciones enteras permanecieron intactas antes de la transformación. El hecho más trascendental acaecido no fue otro que el mantenimiento de la continuidad del gobierno, hecho que se manifestó en los niveles jurídico, personal e incluso en un nivel tan especial como la confidencialidad.
A lo largo del año 1990, desde la perspectiva del nuevo poder que se estaba constituyendo, todo parecía una rápida y exitosa campana política, pero en realidad, el desconocimiento de los mecanismos del poder comunista fue la razón de que el sistema administrativo de este no fuera destruido en su totalidad. La enmienda del pasado comunista, que comenzó manifestándose en las voluntades de los manifestantes que salían a calles y plazas y en las posturas y opiniones de la cúpula del Foro Cívico, tuvo su primer campo de batalla civil en la Asamblea Federal y en las Asambleas Nacionales. El gran interrogante del momento era la postura legislativa con referencia al pasado, la preparación y la aceptación de leyes restitutorias, rehabilitadoras y otras que afectaban a personas y grupos que habían sufrido algún tipo de persecución por el régimen comunista.Pronto se vio claro que las condiciones para llevar a cabo esta reparación del pasado comunista eran tan diferentes en la República Checa y en Eslovaquia, que también ello sería causa de la ulterior separación de los dos países. Al principio, una serie de comités de investigación, que por su organización se asemejaban al sistema anterior a la Revolución de Noviembre y cuyos componentes tenían lazos con el pasado, comenzaron una actividad indagatoria sobre personas físicas y jurídicas:
Entre ellas, la fiscalía militar y las inspecciones de diferentes niveles, incluida la inspección del Ministerio del Interior. Los casos que en los años 1990 y 1991 no eran objeto de interés social (es decir, los referidos sobre todo a políticos y periodistas) fue fácil dejarlos de lado. Muchos de los que en un primer momento cayeron así en el olvido, después pasaron a manos de la Oficina de Documentación y de Investigación de las actividades de la Seguridad del Estado, pero entonces ya era tarde, por diferentes motivos, para llevar a cabo una acción eficaz en los mencionados casos.
Para la sociedad civil, así como para el estamento político, un instrumento clave para el conocimiento del pasado inmediato y sus implicaciones en la construcción del nuevo sistema fue la Comisión de la Asamblea Federal para la Investigación de los acontecimientos del 17 de noviembre de 1989. Gracias a sus actividades, los ciudadanos tuvieron acceso a información sobre el estado del sistema "normalizado" poco antes de su caída.Esta comisión finalmente puso sobre el tapete el problema de la así llamada lustración; sus actividades favorecieron especialmente el que la sociedad se hiciera una idea sobre las extremas circunstancias bajo las cuales funcionaba el sistema totalitario, un sistema policial y de confidentes secretos. Como consecuencia del trabajo llevado a cabo por la Comisión, el 4 de octubre de 1991 fue aprobada la así llamada Ley federal de Lustración (e inmediatamente después la equivalente en las dos Repúblicas federativas)
Este hecho significaba la primera reforma legislativa, aun imperfecta, para la defensa de las instituciones estatales frente a quienes habían pertenecido a la jerarquía comunista y a los pilares más importantes del poder totalitario. La Ley, que establecía "una serie de presupuestos sine qua non para el desempeño de ciertas funciones en organizaciones y órganos estatales", excluía del acceso a determinados cargos estatales a las personas que habían pertenecido a la jerarquía del Partido Comunista de Checoslovaquia, a los miembros de las Milicias Populares y de la Seguridad del Estado, a sus colaboradores secretos, a los integrantes de los comités de acción y a los licenciados en las Academias para la seguridad de la antigua URSS.
Dicho de otra manera, los políticos de derechas consideraron la ley como un símbolo del cambio que trajo consigo el ano 1989, mientras que los de izquierdas la veían como una forma de discriminación que había que superar. No obstante, ni unos ni otros fueron capaces de mejorarla ni de suspenderla sin proponer nada mejor en su lugar. Ni siquiera fue posible incorporar sus principios a una Ley de servicio al Estado. No obstante, la Ley de Lustración quedó sustituida en parte por la nueva estructura de la protección de la administración estatal y de las organizaciones que cooperaban con el Estado: por iniciativa de la OTAN se creó la Oficina de Seguridad Nacional.Aproximadamente en la época de la aprobación de la Ley de Lustración comenzó la segunda fase de asunción del pasado comunista y su superación. Por orden del Ministro Federal del Interior, se fundó un departamento en el Ministerio Federal de Interior para la documentación e investigación de las actividades de la Seguridad del Estado, al que le correspondería el análisis del material de archivo, la instrucción de causas a personas físicas y jurídicas que hubieran estado relacionadas con la antigua policía secreta, así como la investigación de las actividades delictivas de sus miembros. Poco antes de la desmembración de la Federación Checoslovaca se creó una nueva Oficina de Documentación e Investigación de las actividades de la Seguridad del Estado que, hasta finales de 1994 llegó a contar con cincuenta trabajadores, y supeditada a la Oficina de Investigación de la República Checa.
Ya a lo largo del ano 1993 se hizo claro que la Oficina de Documentación e Investigación de las actividades de la Seguridad del Estado había nacido demasiado tarde y con escasas competencias. Apareció en escena en un momento en que entre la mayoría de los implicados -es decir, los administradores de los archivos y las instituciones de informantes- se imponía la sensación de que el proceso de asunción del pasado estaba esencialmente terminado.
A pesar de estos obstáculos, la Oficina llegó a instruir 1.055 casos, y en 44 de ellos el resultado de las investigaciones concluyó con la inculpación de personas concretas. En enero de 1993, y por iniciativa del Fiscal General con el acuerdo del Ministro del Interior, se fundó el Centro Coordinador para la Documentación e Investigación de la Violencia contra el Pueblo Checo, ejercida desde el 8 de abril de 1948 hasta el 29 de diciembre de 1989; este órgano se transformó, con motivo de los cambios de la Fiscalía General, en el Centro para la Documentación de las Ilegalidades del Régimen Comunista, dependiente del Ministerio de Justicia de la República Checa.
Después de una lucha encarnizada, los legisladores checos, conscientes de "la obligación de un Parlamento elegido libremente para aceptar el pasado comunista", tomaron la resolución, en julio de 1993, de aceptar la Ley sobre la ilegalidad del régimen comunista y sobre la resistencia contra él. Esta norma afirmaba taxativamente que el Partido Comunista de Checoslovaquia, "sus dirigentes y sus miembros, son responsables de las actuaciones del Gobierno en nuestro país entre los años 1948 y 1989, y ello especialmente por la programada aniquilación de los valores tradicionales de la civilización europea, por la consciente violación de los derechos y libertades humanos, por la decadencia moral y económica causada mediante el uso delictivo de las estructuras judiciales, por el terror ejercido sobre quienes defendían ideas diferentes y por la liquidación, por parte del régimen directivo, de una sana economía de mercado; [asimismo], por la destrucción de los principios tradicionales del derecho de la propiedad, por el abuso de la educación, formación, ciencia y cultura con fines políticos e ideológicos, por la irrespetuosa destrucción de la naturaleza...".
Como paradoja del desarrollo político experimentado en la República Checa, queda el hecho de que sea precisamente aquí donde hoy se dé una fuerte presencia de los herederos del partido estatal (el Partido Comunista de Bohemia y Moravia), aunque el texto de la ley citada declara que "el Partido Comunista de Checoslovaquia era una organización criminal y abominable igual que el resto de las organizaciones fundamentadas en su ideología que, en su puesta en práctica, llevó a la violación de los derechos humanos y del sistema democrático".