El patrimonio del Partido Comunista - Tercera Parte
Con este espacio, "Del Totalitarismo a la Democracia", Radio Praga trata de ofrecer un vistazo sobre lo que ha representado el proceso de transición en la República Checa. Este espacio está dedicado a todas las personas interesadas en conocer detalles sobre la transformación checa desde la dictadura comunista hasta la democracia, por lo que creemos que encontraremos muchos radioescuchas en Cuba, donde importantes sectores de la población se preparan también para un proceso de cambio pacífico en la Isla.
El principal problema objetivo se reflejó en la declaración aparecida en Lidové Noviny en su edición del 17 de noviembre de 1990, según la cual "los comunistas han abandonado el poder e incluso su ideología con mucho menos pesar de lo que les cuesta separarse de sus propiedades". El patrimonio en propiedad del Partido Comunista de Checoslovaquia alcanzaba un valor de 275 millones de dólares.
La toma de posesión empezó efectivamente en febrero y marzo, en algunos casos incluso a principios de abril de 1991; dicha toma de posesión se hizo más difícil, por una parte, por la no siempre deseable calidad y fuerza de los gobernantes, y por otra, por las maquinaciones de los representantes de la propiedad del Partido Comunista de Checoslovaquia.
A pesar de todo, a finales de mayo, la Ministra responsable del control de las transacciones pudo declarar al periódico Mladá fronta Dnes que, a pesar del estado catastrófico de la documentación y el comportamiento hostil de la mayoría de sus máximos representantes, para el 15 de mayo de 1991 no había que continuar con las transferencias del patrimonio del Partido más que en una docena de los distritos checos y en cinco antiguas asociaciones provinciales del Partido; mientras, el patrimonio ya transferido representaba más o menos un valor de 186,5-203,5 millones de dólares.
Mediante una operación de resta de los mencionados 275 millones, la ministra Kosínková declaró que por entonces quedaba por transferir un patrimonio por valor de 54-61 millones de dólares. El informe final sobre la transferencia del patrimonio fue emitido por el Gobierno Federal el 8 de octubre de 1991. En el mismo se constataba el hecho de que el proceso de transferencia de dicho patrimonio resultó ser más complicado de lo que las leyes constitucionales presumían, a pesar de lo cual en el momento de la presentación del informe se podía considerar como finalizado.
El informe fue aprobado por la Asamblea Federal, no sin un intenso debate en el cual se escucharon reproches hacia las insuficiencias del Ministerio encargado del control de los procesos y se reprobó a los comunistas su conducta: estos mostraron su rechazo con el argumento de que había reinado la confusión entre los gobernantes del momento, incapaces de diseñar un cronograma de transferencia válido.
Los comunistas se defendían afirmando que ellos mismos intentaban cumplir con la transición lo mejor posible con el objeto de ganar crédito político en la sociedad. El debate también dio para discutir sobre el futuro del patrimonio transferido, un asunto que causaba preocupación en diferentes medios y a diferentes niveles. La transferencia del patrimonio comunista quedó definitivamente cerrada en el territorio de la República Checa sólo en junio de 1991, por orden del Ministerio para el Desarrollo Local.
En aquella fecha quedaban en el Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia deudas por valor de entre 4,34 y 10 millones de dólares. A pesar de que no era una cantidad despreciable, y aunque la transferencia del patrimonio del Partido Comunista de Checoslovaquia engendró alguno de los primeros casos de "tunelación", después habituales en los años 90, es posible cerrar este capítulo con la constatación, si bien subjetiva, de que considerando la reticencia de los funcionarios del Partido Comunista de Checoslovaquia a entregar las propiedades, las fugas que se produjeron no fueron tan grandes como en el caso de la privatización de muchas empresas estatales, ni tampoco en el problemático proceso del caso de la Unión Socialista de la Juventud, descrito a continuación.
Sería mucho más fácil limitarse, en cuanto al asunto del patrimonio del Partido Comunista de Checoslovaquia, únicamente al enredo derivado de dicho patrimonio. Ya ha sido mencionada la dotación que recibían las Milicias Populares y sería posible encontrar otros muchos conflictos en relación a los diferentes conglomerados, organizaciones y grupos que integraban la organización conocida desde después de la Segunda Guerra Mundial como Frente Nacional de Checos y Eslovacos, a la que se fueron agregando, en el marco de su continua expansión, no sólo partidos políticos, sino una amplia gama de organizaciones civiles.
Uno de los mayores patrimonios existentes era el que tenía a su disposición una de estas organizaciones, la Unión Socialista de la Juventud (SSM). El caso del patrimonio de la Unión Socialista de la Juventud es posible estimarla como el ejemplo más escandaloso de desaparición de valores entre los demás casos de los componentes del Frente Nacional, lo cual quizá estuvo motivado porque los representantes de las posesiones del Partido Comunista de Checoslovaquia no podían permitirse ya el descrédito social que suponía la manipulación de esas posesiones, mientras que los funcionarios de la Unión Socialista de la Juventud podían conducirse según el principio de "sálvese quien pueda".
El patrimonio de esta organización se caracterizaba por su dimensión mastodóntica, derivada del hecho de ser la estructura básica presente en todas las escuelas medias, en las facultades universitarias e incluso en la organización infantil de los Pioneros. También disponían de un determinado patrimonio instancias de la SSM que ocupaban un lugar destacado en la jerarquía de la organización (de distrito, municipales, regionales, provinciales y nacionales).
Otra parte no despreciable lo constituía el del llamado departamento económico de la SSM, al que pertenecían por ejemplo las editoriales Mladá Fronta, Mládý Svet, el periódico Smena y el Club de Viaje de la Juventud. A finales del 1991, el patrimonio de la antigua SSM se inventarió en 99 millones de dólares, al que sólo en bienes inmuebles le correspondían 132.
Dichos bienes inmuebles fueron acumulados a través de construcciones que promovía la misma SSM con ayuda del Estado (de 7 a 10 millones de dólares al año), sobre todo como representante de la CSM (Unión de la Juventud Checoslovaca), que había absorbido el patrimonio de organizaciones juveniles e infantiles prohibidas después del año 1948.
En el marco de las circunstancias acaecidas en el año 1989, dentro del SSM creció el clamor, sobre todo por parte de estudiantes universitarios prodemocráticos, exigiendo la eliminación de esta mastodóntica organización, y realmente así sucedió en muchos puntos de su estructura local en el paso del ano 1989 al 1990. De todas formas, el Presidente del Comité Central fue capaz de frenar el clamor y en la reunión extraordinaria de enero de 1990 (es decir, dos meses después de la Revolución de Noviembre), evitar la liquidación corporativa de la organización como tal, adoptar un talante democrático formal y rebautizar la asociación con el nuevo nombre de Unión de la Juventud (SM, en checo).
Contra esta actuación, bien vista por parte del Ministerio Federal del Interior, se situó sobre todo el antiguo disidente John Bok, que aglutinó en torno a sí, en la primavera de 1990, una nueva organización juvenil con el fin de impedir el comportamiento fraudulento en lo referente al patrimonio de la antigua SSM: la Unión de Aspirantes al Derecho de la Propiedad.
El dispositivo legal de la Asociación Federal de mayo de 1990, que congeló el patrimonio de otras organizaciones del Frente Nacional, afectó también a la SSM, no obstante lo cual, hasta ese momento le fue posible fundar unas 300 organizaciones que ya no se hallaban bajo su égida, pero a las cuales se hizo una traslación directa del patrimonio desde la SM, lo que la disposición legal ya no pudo evitar retroactivamente.
Más tarde, el patrimonio de la SSM tuvo el mismo destino que el del Partido Comunista de Checoslovaquia: desde octubre de 1990, todo él debía ser supervisado por los controladores del Ministerio Federal de Control y, bajo la dirección de Josef Mikloka se puso en marcha una comisión para calcular el alcance del patrimonio de las asociaciones juveniles después de 1948: la comisión preparó soluciones legales a los problemas que su liquidación engendraba y ello desembocó en la aprobación de la Ley sobre la devolución del patrimonio del SSM al pueblo de la República Federal de Checoslovaquia.
La Ley partió de la sospecha de que la representación de la Unión de la Juventud (SM) era todavía más dudosa que la del mismo Partido Comunista de Checoslovaquia, por lo cual disponía la transferencia de todas las empresas e instituciones económicas o de cualquier fin a la propiedad estatal desde el primero de enero de 1991. El resto del patrimonio la SM debería entregarlo al Ministerio Federal de Control para finales de enero de 1991, a excepción del patrimonio sobre el cual tenían derecho de administración las organizaciones fundamentales de la antigua SSM, así como el material de oficina calculado en 180 dólares.
Los sucesores de la SSM, dadas las circunstancias, resolvieron combinar declaraciones públicas mostrándose de acuerdo en devolver el patrimonio con el uso en propio beneficio del escaso margen de actuación del que disponían los controladores del Ministerio Federal de Control, hasta el punto de que estos solo podían contar con la información que les suministraba precisamente la Unión de la Juventud.
Como consecuencia de ello, el inventariado del patrimonio de la Unión duró, en contra de lo esperado, hasta la primavera de 1992. Finalmente, y a pesar de todos los obstáculos, se logró transferir al Estado hasta un 90% del patrimonio de la SM, lo cual de todas formas no cambia mucho las extrañas circunstancias en las que en la primavera de 1990 el patrimonio entre organizaciones homólogas fue transferido, ni tampoco resolvió otras muchas dificultades con las que tuvo que vérselas el Ministerio Federal de Control.
De entre los casos más reveladores del destino del patrimonio de la Unión, presentemos como ejemplos el del abandono descontrolado del edificio del antiguo Comité General (ÚV) de la SSM, o el caso de la empresa Zenitcentrum, que, en el marco del desarrollo de la revolución científico-técnica en la URSS, trabajaba y distribuía dispositivos informáticos.
A lo largo del año 1990 fue posible ir convirtiendo esta lucrativa empresa en una serie de filiales privadas, repartiéndose entre ellas el patrimonio original; y, aunque ciertas personas intentaron investigar en beneficio del Estado la neblinosa contabilidad de Zenitcentrum, no fueron capaces de descifrar enteramente las transferencias que se habían llevado a cabo, con lo que la liquidación de esta lucrativa -para unos pocos- empresa acabó con su entrega a manos de terceras personas.
Además de las manipulaciones en la contabilidad, los funcionarios de la nueva época de la Unión de la Juventud probaron también con medios legales, especialmente con una maniobra que consistió en elevar una queja constitucional en el año 1992, para acto seguido negarse a continuar con las entregas del patrimonio, ante lo que los representantes estatales se enfrentaban con la amenaza de demandas e intervenciones penales contra funcionarios individuales.
El patrimonio, entregado al Estado, fue finalmente, mediante Ley promulgada al efecto, asignado al Fondo de la Infancia y Juventud, que lo administró hasta que el 1 de diciembre de 2000 finalmente se liquidó junto con la desaparición del Fondo de la Infancia y Juventud. La descripción de esta última administración excedería los límites de este artículo, cuyo principal cometido ha sido hacer el relato del comportamiento de las organizaciones agrupadas en el Frente Nacional.
A pesar de que la acumulación de patrimonio llevada a cabo por las organizaciones encuadradas en el Frente Nacional durante el régimen comunista tuvo una importancia incomparablemente menor a lo que implicaron otras operaciones de expropiación y nacionalización en el curso de la tristemente famosa historia de Checoslovaquia; aunque cualquier transferencia de patrimonio no alcanzará nunca un resultado tan negativo y difícilmente reparable para la sociedad como tuvo la "educación" comunista a la que esa sociedad fue sometida durante cuarenta años, y especialmente la injerencia en la vida de cada individuo que ese régimen se permitió.
A pesar de todo ello, el destino de ese patrimonio es algo que no sólo habla por sí mismo, sino que pone de manifiesto, por un lado, el comportamiento prepotente del Partido Comunista de Checoslovaquia y de las organizaciones a él subordinadas frente a la adquisición y administración de ese patrimonio y, por otro, la disposición camaleónica de sus funcionarios y la proclividad picaresca para improvisar lo que fuera con el objetivo de conservar ese patrimonio.
Lo cierto es que mientras esta flexibilidad, un tanto perversa, de los funcionarios comunistas y de la Unión de la Juventud está en la base del famoso éxito de muchos, y es lo que les permitió a ellos y a otros muchos el enriquecimiento mediante diferentes fragmentos del antiguo patrimonio que todos juntos administraron, lo que encontramos frente a nosotros es el error cometido por los poderes democráticos públicos, ya sean los trabajadores o los legisladores del ejecutivo, y sobre todo, en sí mismo es un reflejo de que la ausencia de escrúpulos es la ventaja que tales personas utilizan en su carrera por tenerlo todo mientras que otros nada tienen, ya sea su actuación desde el poder o desde la oposición.
Está claro, de todas formas, que no podrán por mucho tiempo seguir aprovechándose de aquellos que acatan el principio establecido en la anteriormente mencionada sentencia del Tribunal Constitucional del año 1992: "A diferencia del sistema totalitario, que fue fundado con un objetivo momentáneo, pero sin estar fundamentado en ningún momento sobre pilares de legalidad y derecho, mucho menos, consecuentemente, en pilares constitucionales, el Estado democrático parte de criterios y valores completamente distintos..."
Pavel Molak es licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Masaryk en Brno y por la Facultad de Estudios Sociales de la misma universidad (en la especialidad de Politología). Trabaja en los Tribunales Administrativos.
