El patrimonio del Partido Comunista - Segunda Parte
Con este espacio, "Del Totalitarismo a la Democracia", Radio Praga trata de ofrecer un vistazo sobre lo que ha representado el proceso de transición en la República Checa. Este espacio está dedicado a todas las personas interesadas en conocer detalles sobre la transformación checa desde la dictadura comunista hasta la democracia, por lo que creemos que encontraremos muchos radioescuchas en Cuba, donde importantes sectores de la población se preparan también para un proceso de cambio pacífico en la Isla.
Como consecuencia de que en los últimos meses del ano 1989 y en los primeros meses del año siguiente, lo considerado como prioritario era que el Partido Comunista de Checoslovaquia abandonara su monopolio en el poder, y de que este abandono antes que nada debía ser político y jurídico, se descuidó lo que debía hacerse con el patrimonio del Partido, lo cual fue aprovechado por sus funcionarios.
En este tiempo de transición, fue posible transferir algunas de las propiedades (desde electrodomésticos o material de oficina hasta obras de arte) a funcionarios del Partido a mitad de precio e incluso por una décima parte de su valor; por otra parte, propiedades de las administraciones provinciales o regionales se revendieron a personas fiscales según las nuevas disposiciones legales que empezaban a ponerse en marcha, sobre todo a sociedades accionariales, por lo que visto desde fuera, este proceso semejaba una especie de "entrega de las propiedades", cuando en realidad era una forma de los funcionarios de venderse a sí mismos lo que hasta entonces les había pertenecido dentro del Partido.
Por su lado, la contabilidad fue manipulada de tal modo que parte de las propiedades fue posible ponerlas a nombre de otras personas, otra se pudo vender a precios simbólicos y el resto (sobre todo los dispositivos manufactureros), por el contrario, fue presentado con un valor superior con el fin de lograr una venta más ventajosa.
La rapidez y flexibilidad de estas traslaciones continuaron hasta mayo de 1990 prácticamente sin interrupción, como demuestra el caso de los Servicios de Prensa y Publicaciones del Partido Comunista de Checoslovaquia, que en un tiempo récord (hasta abril de 1990) logró transformarse en la empresa Tipografía, después de lo cual fue transferida fingidamente al grupo Tipos, con un contrato económico de la Oficina de Propiedad del Partido Comunista de Checoslovaquia en beneficio del Estado sin que la transferencia fuera completada; al contrario, ambas empresas intentaron fusionarse en forma de sociedad accionarial por un valor aproximado de 82,14 millones de dólares, hasta que finalmente el proceso fue detenido por orden judicial.
La amenaza que todo esto representaba en la primavera de 1990 no consistía sólo en el altísimo valor de las divisas y las acciones de todos estos movimientos de dinero, sino en su potencial futuro político y la forma en que iba a determinar el cambio al nuevo sistema: existía el peligro, por ejemplo, de que los recursos de imprenta que habían pasado desde el complejo Tipografía a nuevos grupos de inversión se utilizaran solamente con fines propagandísticos, y en general, de que el patrimonio, enmascarado, siguiera estando a disposición del Partido Comunista de Checoslovaquia al menos en parte.
El resultado podría haber sido el nacimiento de otro nuevo Partido con gran potencial debido a la fuerza económica con que contaba, mientras que, en comparación, los partidos democráticos contaban para su propaganda con medios de los que sólo entonces habían empezado a disponer.
Contra esta situación (y teniendo en cuenta la posibilidad de abuso del patrimonio comunista que podía llevarse a cabo durante las primeras elecciones libres) reaccionó sobre todo el Foro Cívico, que el 5 de abril de 1990 organizó una huelga reclamando la devolución de las propiedades muebles del Partido Comunista de Checoslovaquia que no hubieran sido legalizadas, y después, el 11 de abril, convocó una huelga general. Entre los días 6 y 15 de mayo, un grupo de personas llevó a cabo una huelga de hambre en el centro de Praga: la Asamblea General reaccionó bajo la forma de una disposición legal del día 18 de mayo de 1990 sobre la moratoria vinculante para la transferencia del patrimonio del antiguo Frente Nacional.
Por esos días, se concluyó también la cartografía del patrimonio de los partidos del Frente Nacional, según la disposición del Gobierno de la República Federal Checoslovaca del día 26 de marzo de 1990. El punto débil de esta actuación era, por una parte, el hecho de que la moratoria no tenía efecto retroactivo, y por otra, que no fue absolutamente respetada, sobre todo por las organizaciones cuyo patrimonio no estaba en el punto de mira de la sociedad de una forma tan evidente como en el caso del Partido Comunista.
El paso decisivo, así las cosas, fue el decreto de dos párrafos del Gobierno de la República Federal de Checoslovaquia, del día 21 de mayo de 1990, para la expropiación del patrimonio inmueble a disposición indefinida del Partido Comunista de Checoslovaquia, decreto que fue puesto en marcha (en el nivel meramente legal, lo cual no implicaba que de hecho fuera así) con la expropiación de todos los bienes inmuebles (señalados en el capítulo anterior en el apartado "d") el 1 de junio de 1990 e invalidando los contratos por razón de los cuales se había traspasado dicho patrimonio.
Con todo ello, la gerencia del patrimonio conseguido mediante esta fórmula quedaba en manos, como único administrador, de las asociaciones nacionales de distrito. En todo caso, el asunto más difícil de resolver fue la devolución del patrimonio puesto directamente a nombre del Partido Comunista de Checoslovaquia (ver apartado "e").
El camino para su resolución lo abrió, por una parte, el informe que elaboró el Ministerio Federal de Control sobre la investigación del patrimonio de los partidos políticos y los movimientos y asociaciones civiles, dado en octubre de 1990; y, sobre todo, posteriormente, la aprobación de la Ley sobre la devolución del patrimonio del Partido Comunista de Checoslovaquia, del día 16 de noviembre de 1990. La Ley, que llegaría a ser la piedra angular de los procesos de devolución del patrimonio del Partido Comunista, fue presentada en octubre de 1990 ante la Asamblea Federal por el Gobierno y debatida y simbólicamente alabada el 16 de noviembre, es decir, un día antes del aniversario de la Revolución de Noviembre.
Ya solo la discusión sobre la propuesta de ley contiene unos cuantos puntos de interés: algunos diputados no podían dar crédito a una situación en la que según ellos, el Gobierno del antiguo Primer Ministro comunista Marián Calfa parecía ponerles una "pistola en el pecho"; a lo cual, el antiguo disidente Jan Ruml reaccionó afirmando que no era el Primer Ministro el que les hacía sentir así, sino el efecto que a esos diputados les producía el recuerdo del 17 de noviembre.
El viceprimerministro, Pavel Rychetský, declaró que se trataba de una Ley que reaccionaba a una evidente manipulación del patrimonio del Partido Comunista de Checoslovaquia, en ningún caso de una Ley de confiscación de bienes, sino de restitución, que intentaba compensar al menos en parte lo que el Partido Comunista de Checoslovaquia había sustraído a la sociedad checoslovaca.
Esta justificación se reflejó después en el mismo preámbulo de la Ley constitucional: "Tras la toma de poder del año 1948, el Partido Comunista de Checoslovaquia consideró al Estado como su propiedad, actuando con el patrimonio del pueblo como si fuera propio. Con vistas a la supresión, al menos en parte, de los efectos de este estado de cosas, la Asamblea Federal ha decidido que ...".
Los que tenían una perspectiva diferente eran, evidentemente, el "punado" de diputados comunistas que todavía mantenían influencia en el poder. Fueron ellos los que avisaron de que se trataba de una prescripción con el objetivo de nacionalizar sus propiedades sin compensación alguna, lo cual por una parte era anticonstitucional y por otra, conllevaba el peligro de que los observadores internacionales lo consideraran negativamente.
Como alternativa, en una declaración política propusieron algo parecido a una promesa de devolución del patrimonio a la sociedad, devolución que debería estar vigilada por una comisión parlamentaria. Tras una serie de emotivas reacciones de diversos grupos de opinión, el proyecto de ley fue aprobado con ciertas enmiendas y el significativo abandono de los diputados comunistas de la Cámara. La aprobación del proyecto se celebró con un largo aplauso de los diputados que habían permanecido en la Cámara. Según el texto de la propuesta, los representantes de las organizaciones del Partido Comunista de Checoslovaquia estaban obligados a entregar al Estado, en el plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor de la Ley, "los bienes muebles e inmuebles, los derechos de propiedad y el dinero que el Partido Comunista de Checoslovaquia tenía en su posesión hasta el 31 de diciembre de 1989", y ello junto con los documentos correspondientes del Partido.
La excepción la representaba el patrimonio de las oficinas del Partido, con un valor de 180 dólares; por el contrario, se mencionaba a ciertos sujetos que estaban obligados a entregar determinadas cantidades por el valor de aquellas propiedades que habían sido exitosamente transferidas pero no al Estado. En el caso de empresas y dispositivos pertenecientes a una red económica determinada, se estableció un plazo a partir de la entrada en vigor de la Ley constitucional para llevar a cabo las transferencias.
Pavel Molek es licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Masaryk en Brno y por la Facultad de Estudios Sociales de la misma universidad (en la especialidad de Politología). Trabaja en los Tribunales Administrativos.
