Al ministro checo de Finanzas no le salen las cuentas: siguen las dudas sobre su patrimonio
Los resultados de una auditoría encargada por el ministro Andrej Babiš sobre sus ingresos sigue sin aclarar con qué dinero compró el magnate en 2013 bonos por valor de 46 millones de euros. Las cifras además no concuerdan con la declaración de patrimonio que hizo a la Cámara de Diputados.
Para limpiar su nombre, Babiš encargó una auditoría sobre sus declaraciones de impuestos de 2014 y 2015 a las empresas Ernst and Young y PWC. Los resultados, hechos públicos este martes, no solo no cierran el asunto, sino que lanzan nuevas dudas.
En primer lugar, la cifra de ingresos que establece la auditoría no coincide con la cifra que reconoció en las declaraciones de patrimonio realizadas para la Cámara de Diputados checa, de la que es miembro desde 2013. Así, según lo reconocido entonces, ganó en 2014 7,4 millones de euros, mientras que la actual auditoría afirma que fueron 6,5. Babiš lo atribuye a un fallo contable.
“El problema es que está escrito después de impuestos, y ese es el error que ha cometido la contable. Los ingresos son brutos y no limpios”.
El líder del movimiento ANO puede así recibir una multa de 2.000 euros por mentir en su declaración de patrimonio.Por otro lado, las sospechas de fuga de impuestos que se deberían haber esfumado con la auditoría siguen sin desvanecerse. Según lo investigado, desde 1993 a 2013, Andrej Babiš tuvo unos ingresos netos de 40 millones de euros, 6 millones menos de lo que costaron los bonos.
A esto, el ministro ha reaccionado señalando que en la auditoría no han tenido en cuenta todos los ingresos, sino solo unos capítulos seleccionados. Así, por ejemplo, los ingresos libres de impuestos, como venta de inmuebles, no estaban contemplados en la investigación.
La explicación, según la revista Echo24, es que Babiš podría haber adquirido los bonos con dinero del mismo Agrofert o de alguna de sus empresas filiales, con el propósito de evadir impuestos. Babiš se beneficiaría así de los dividendos derivados de los bonos, que están libres de impuestos, y el consorcio Agrofert vería reducida su carga fiscal, al contar el pago de los dividendos como gasto.