Sindicatos amenazan con huelga para mantener complementos salariales

Los sindicatos amenazan con una huelga general en protesta contra la aplicación del impuesto sobre el valor añadido a los complementos salariales. El primer ministro, Jan Fischer, reconoce las exigencias de los sindicalistas, pero todo dependerá del Parlamento.

Stravenky, foto: archivo de Radio Praga

Cualquier día después del 22 de febrero la República Checa puede verse paralizada por una huelga. Los trabajadores ferroviarios, así como choferes de autobuses y empleados de ramas industriales están decididos a suspender su trabajo. El motivo es la normativa referente a la imposición de los complementos salariales, que entró en vigor a principios de enero. Los sindicatos temen que las empresas encarezcan o eliminen completamente las ventajas extrasalariales que otorgan a los empleados, como por ejemplo los bonos para almuerzo y el transporte.

El primer ministro, Jan Fischer, opina que se trata de un problema burocrático que puede rectificarse.

“Es el asunto de la ley, eventualmente de su modificación. Deliberaré sobre ello con el ministro de Finanzas y con diputados. La única posibilidad es devolver la normativa a la Cámara de Diputados y analizarla de nuevo. La huelga es una solución extrema. Será necesario hablar también con los sindicalistas y aclararse las posturas”.

Las reivindicaciones de los sindicalistas fueron apoyadas también por representantes de la patronal. Los ojos de todos se dirigen hacia el Parlamento, que sesionará este martes. Según Jaroslav Pejša, presidente de la Asociación Sindical Ferroviaria, sólo la anulación de la controvertida normativa puede impedir la huelga.

Jan Fischer, foto: ČTK

“Nos preocupa la situación en la Cámara de Diputados. Las obstrucciones permanentes no permiten deliberar sobre leyes. Así que en el momento en que el Gobierno no está en contra, pero la Cámara Baja prácticamente no trabaja, apelamos a los diputados y senadores del Parlamento checo para que hagan el acuerdo realidad y aprueben la ley respectiva”.

La enmienda a la normativa sobre el impuesto sobre el valor añadido sale de las directivas europeas, pero según el Ministerio de Finanzas su implantación a la legislación nacional es voluntaria.