Praga dispuesta a vetar el nuevo sistema de supervisión bancaria europea

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La República Checa se propone vetar el nuevo sistema de la supervisión bancaria de la Unión Europea. Así lo subrayó el primer ministro checo, Petr Nečas, de cara a la cumbre de los líderes comunitarios que inician las deliberaciones acerca del proyecto este jueves en Bruselas.

Petr Nečas,  foto: ČTK
El Gobierno checo está convencido de que el sector bancario del país es sano así que no existe motivo para someterlo a una supervisión a nivel europeo.

Petr Nečas rechazará el nuevo proyecto comunitario que supone que el Banco Central Europeo se encargaría de supervisar unos seis mil bancos del Viejo Continente, y tendría el derecho de concederles la licencia por un lado, y penalizar y hasta cerrar las instituciones indisciplinadas, por otro.

El jefe del Gobierno checo destacó que está dispuesto a negociar sobre el tema, pero que la versión actual del proyecto es para él inaceptable.

“El 95% del mercado bancario checo es controlado por empresas madre desde el exterior. Eso nos obliga a ser precavidos respecto a cualquier regulación. Difícilmente podemos dar nuestro visto bueno a los préstamos obligatorios entre los respectivos fondos nacionales de garantía de depósito, según está previsto. Si no se solucionan estos problemas de manera que esté garantizada la estabilidad del sector financiero checo, estoy dispuesto a bloquear la propuesta”.

Nečas aseguró que Chequia no es el único país que se opone al nuevo sistema europeo bancario.

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“No estamos aislados. Una postura parecida adopta también Holanda y Suecia. Es decir que existe una coalición más amplia respecto al tema. Reitero que si el proyecto de la unión bancaria no es modificado, seguramente lo vamos a vetar”, insistió.

El primer ministro agregó que una futura modificación del sistema bancario comunitario incluso podría obligar a la República Checa a anular su compromiso de introducir el euro. Además, tildó de irrealista el plan de poner en marcha el nuevo sistema de supervisión bancaria europea a partir de enero de 2013, como está previsto.

La postura del Gobierno es apoyada plenamente por la Asociación de Exportadores que asegura que dicho proyecto pondría en peligro la salud de los bancos y las compañías exportadoras nacionales más importantes.