Modelo básico de supervisión y control en democracias consolidadas - II

Con este espacio, "Del Totalitarismo a la Democracia", Radio Praga trata de ofrecer un vistazo sobre lo que ha representado el proceso de transición en la República Checa. Este espacio está dedicado a todas las personas interesadas en conocer detalles sobre la transformación checa desde la dictadura comunista hasta la democracia, por lo que creemos que encontraremos muchos radioescuchas en Cuba, donde importantes sectores de la población se preparan también para un proceso de cambio pacífico en la Isla.

La teoría sobre el control y supervisión de la policía secreta y los servicios de inteligencia de las democracias establecidas era conocida por los reformadores de los países recién independizados del comunismo y sabían que ésa era su meta final. Sin embargo, varios de ellos también estaban conscientes de que sus países no eran democracias establecidas y que no había modelos directos para seguir en la delicada y especial etapa de transición. Algunos líderes sabían (en el ámbito intelectual tanto como emocional) que la policía secreta del partido comunista era una amenaza para su naciente democracia.

El caso de Bulgaria es muy parecido al de Polonia. En Bulgaria no se hicieron reformas sustanciales a la policía política durante los gobiernos interinos y seudo-comunistas que se formaron entre la caída de Todor Zhivkov a finales de 1989 y la elección de 1991 que produjo el gobierno de Dimitrov. En ese período de tiempo, se alega que varios archivos fueron destruidos o robados.

Algunas reformas sí se hicieron con el advenimiento del primer gobierno formado por la Unión de Fuerzas Democráticas a finales de 1991. Pero estas reformas se limitaron a reorganizar el aparato de espionaje y de represión — despidiendo a miles de sus miembros— pero sin depurar las filas restantes ni tomar medidas para excluir del aparato estatal o gubernamental a los colaboradores. Además, los servicios secretos se pusieron bajo el mando del presidente, no del gobierno. Al igual que Mazowiecki, el presidente búlgaro, Zhelyu Zhelev, garantizaba que no se haría una “cacería de brujas”.

Se propusieron en el parlamento variantes de leyes de descomunización, como una similar a la de la RDA que permitiría a los ciudadanos tener acceso a sus archivos; otra era de lustración, y prohibiría a ex colaboradores de la policía secreta ocupar puestos en el Estado. Sin embargo, dichas propuestas no fueron adoptadas y, en cambio, se optó por una ley que prohibía a los antiguos funcionarios participar en la banca, pero esta ley fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. En Hungría también hubo algo de reestructuración pero no una des-comunización tan pronunciada de los servicios secretos, llamado el Servicio de Seguridad del Estado (AVSz) y su notorio Departamento III/III. El AVSz ya había tenido algunos cambios con el último gobierno comunista de Miklós Németh. Pero el gobierno de Antall sólo hizo algunos cambios limitados de personal.

En Eslovenia, el primer ministro Lojze Peterle nombró a dos jóvenes con trayectoria pro-democrática como los principales directores de seguridad nacional. El nuevo ministro del Interior, Igor Bavčar, de treinta y cuatro años de edad, había sido un crítico de la policía yugoslava y fundador del comité de derechos humanos de Eslovenia. El nuevo ministro de Defensa, Janez Janša, de treinta y un años, había sido un prisionero político, arrestado por haber propuesto la despolitización de las fuerzas armadas yugoslavas. Pero los cambios en la agencia de inteligencia heredada del comunismo fueron también parciales, ya que se preveían conflictos armados con Yugoslavia.

En Lituania, el grupo ciudadano Sąjūdis tomó por la fuerza el edificio de la KGB en Vilnius a principios de 1991, aun antes de la independencia del país. Un grupo altamente entrenado y armado, liderado por Audrius Butkevičius (el futuro ministro de Defensa), tomó posesión del edificio y confiscó sus millares de archivos, resguardándolos de un posible atentado por parte de las autoridades soviéticas. La KGB ya había evacuado varios archivos, incluyendo la mayor parte de los nombres de sus colaboradores y agentes y material comprometedor de varios disidentes. Pero dejaron atrás manuales técnicos, memorandos, directorios y su biblioteca.

Landsbergis predijo que el material confiscado por los soviéticos “es dinamita que ellos pueden utilizar en el momento adecuado … para dar el golpe y voltear a todos contra todos”. Después de la independencia de Lituania, el gobierno de Landsbergis intentó hacer varias reformas políticas e institucionales simultáneamente, incluyendo la purga en su gobierno de los ex colaboradores y agentes de la KGB. El parlamento creó una comisión para investigar las actividades de la KGB y destapar a sus colaboradores dentro del gobierno lituano. Resultó que la primer ministro, Kazimiera Prunskienė, había cooperado con la KGB, al igual que algunos altos líderes de Sąjūdis, tal como Virgilijus Čepaitis. Landsbergis tomó mucho tiempo en implementar sus reformas ya que la independencia del país se hizo conjuntamente con los comunistas reformados de Brazauskas y mientras Landsbergis presidía el parlamento, el gobierno estaba encabezado por Prunskienė, miembro del partido de Brazauskas. Esto era una fórmula para el atoramiento. Además, no existía un consenso inmediato entre las principales fuerzas políticas sobre qué tipo de Ley de Lustración y descomunización debería de adoptarse. Sí se propuso originalmente una ley a principios de 1992 que prohibiría a los colaboradores de la KGB y a los altos funcionarios comunistas servir en el gobierno por cinco años, y cuya meta era “ser una declaración de justicia y reconciliación, y no un instrumento de venganza, castigo o discordia”, según uno de sus promotores. Pero otras figuras políticas se preocupaban cuestionando de “¿donde vamos a conseguir nuevos especialistas?”, y argumentando que dicha propuesta de ley era cruel ya que practicaba la “culpabilidad colectiva”. Para ellos lo mejor era ser “buenos cristianos” y “perdonar” a los colaboradores.

Sin embargo, la discusión sobre la Ley de Lustración y el proceso de reformas a la ex KGB fueron esencialmente congelados cuando retornó el renombrado Partido Comunista al poder en octubre de 1992. A Brazauskas, además, se le acusa de utilizar material comprometedor y falsificado para lastimar políticamente a sus enemigos. A Butkevičius, por ejemplo, se le arrestó por “actos delictivos”. Documentos insinuando que Landsbergis había cooperado con la KGB también aparecieron en la prensa. Letonia comenzó con el desmantelamiento de la KGB pero se le critica no haber continuado con reformas indispensables.

Después del golpe de Estado en Moscú en agosto de 1991, cuyo fracaso ocasionó que la Unión Soviética reconociera la independencia de los tres países bálticos, el parlamento de Letonia el 24 de agosto se movilizó rápidamente para cesar las actividades de la KGB en el país, confiscando sus propiedades y sus archivos, formando una comisión parlamentaria, y decretó que cualquier colaboración con la KGB soviética se consideraría un crimen de traición. La mayor parte de los agentes fueron despedidos. Más tarde, intentaron negociar con la Unión Soviética y luego Rusia para recuperar los archivos de la KGB letona que fueron transportados a Rusia en los últimos meses de dominio soviético.

Sin embargo, parece que las reformas letonas perdieron inercia ya que el país seguía con un gobierno electo dentro de la Unión Soviética, que incluía a varios ex comunistas. Aproximadamente 120 miembros de la antigua KGB seguían trabajando en los nuevos cuerpos policíacos y gubernamentales de Letonia, y una Ley de Lustración propuesta por el diputado Andrejs Krastiņš no prosperó.120 Algunos demócratas letones comenzaban a desesperarse por la falta de reformas. Un viceministro de Defensa advirtió que la falta de lustración estaba conduciendo a que células clandestinas pro-comunistas se estuvieran formando en oficinas y empresas gubernamentales. Más tarde, un grupo de demócratas radicales intentó tomar medidas con sus propias manos y publicó en un diario los nombres y direcciones de agentes de la KGB que seguían activos en el gobierno.

Sin embargo, Letonia sí tiene un comité parlamentario de supervisión y control sobre los servicios secretos. Pero éste no tiene tanto poder como su homólogo estonio, ya que no tiene acceso a las identidades de los oficiales. Más tarde sí se aprobó una ley que no permitía a ex miembros de la KGB participar en los altos puestos políticos. Armenia fue uno de los pioneros de la des-sovietización, aún dentro de la Unión Soviética, en 1990. Las elecciones al nuevo Soviet Supremo a mediados de 1990 produjeron un gobierno anticomunista, que en noviembre de aquel año desmanteló las células del Partido Comunista en las estructuras gubernamentales, corporativas y sociales. Pero no se tomaron mayores medidas para despedir de las partes neurálgicas del gobierno al personal previamente comprometido con estas estructuras.

Continuidad: Con las reformas de Nikita Jrushchov y especialmente con el ascenso de Leonid Brezhnev, la policía política soviética comenzó a ver sus intereses más y más independientes respecto del Partido Comunista, pero también comenzaron a sentir la necesidad de comprobar su relevancia para asegurar su continua supervivencia institucional. Llegó un punto donde el Partido no podía seguir gobernando sin la KGB, mientras la KGB podía funcionar sin la supervisión del Partido.125 Rusia heredó esta situación de una policía política esencialmente fuera de control. Pero la visión política de cerosuma entre las fuerzas de Boris Yeltsin por un lado y sus opositores por el otro, hicieron imposible un diálogo plural para alcanzar consensos sobre el desmantelamiento de la KGB y de sus métodos.

Como resultado, la esperada reforma de la KGB nunca llegó, y Yeltsin utilizó cada vez más esta institución y su personal para gobernar a Rusia. El reformador que fue asignado por Gorbachov para domar a la KGB cuando fracasó el golpe de Estado de agosto de 1991, Vadim Bakatin, se quejó de que la gente de Yeltsin le ponía varios obstáculos a sus reformas, hasta que finalmente lo destituyeron después de tres meses en el cargo. Yeltsin nombró a Viktor Barannikov para sustituir a Bakatin, el cual se concentró en darle reversa a varias de las reformas de Bakatin, y también encabezó el fallido intento de crear una superagencia cuando intentó fusionar a la KGB con el MVD, el ministerio de Policías.

En Bielorrusia, las reformas a la rama local de la KGB fueron mínimas; de hecho es la única república de la ex Unión Soviética donde el servicio secreto se sigue llamando “KGB”. No existe ningún tipo de control parlamentario sobre esta agencia, y el presidente Alyaksandr Lukashenka tiene la exclusiva autoridad de asignar y destituir a sus directores, lo cual ha hecho varias veces. En Ucrania, de igual modo, la rama de la KGB local sufrió cambios mínimos, con la excepción de un cambio de nombre (Servicio de Seguridad de Ucrania) y que sus altos mandos tuvieron que jurar lealtad al nuevo Estado. Se le acusa al presidente Leonid Kuchma de utilizar a dicho servicio para destruir a sus opositores políticos en el parlamento.

En Rumania, la policía secreta del régimen, la Securitate, se dividió entre varias ramas del gobierno. Al igual que en Rusia, la mayor parte del antiguo aparato quedó con una sola agencia, en este caso llamada el Servicio de Inteligencia Rumano (SRI). Al presidente Iliescu se le acusó de utilizar sus archivos para desprestigiar a sus opositores políticos, comenzando con la elección de 1990.129 Esto desembocó en la notoria “guerra de los archivos”, donde Iliescu también acusó a su ex colaborador Petre Roman de haber sido agente de la Securitate. También, el SRI no es estrictamente una operación presupuestada ya que aparentemente obtiene recursos extra- presupuestarios a través de sus casinos, hoteles y otras estructuras comerciales.