El Gobierno sobrevive, Asuntos Públicos apoya la restitución a las iglesias
El Gobierno checo ha superado otra crisis más. Asuntos Públicos cedió ante la presión de sus socios de la coalición gubernamental, el Partido Cívico Democrático y TOP 09, y apoyó la ley de las restituciones a las iglesias.
Al primer ministro, Petr Nečas, se le acabó la paciencia y advirtió que retiraría a los ministros de Asuntos Públicos en caso de que no apoyen la ley de las restituciones a las iglesias. Tras ello, este miércoles, el Gobierno apoyó al proyecto de forma unánime.
El arzobispo de Praga, Dominik Duka, dijo que antes de la votación se reunió con representantes de Asuntos Públicos para compartir sus posturas.“Representantes de Asuntos Públicos querían conocer nuestra postura y los detalles de las negociaciones. Hablamos sobre la crisis económica y tratamos de buscar alguna solución. Pero naturalmente se puso en evidencia que nadie de nosotros es capaz de prever cuándo acabará la crisis”, dijo.
La ley supone que el Estado tendrá que pagar anualmente a las iglesias unos 80 millones de euros durante los próximos 30 años. Asuntos Públicos puso en duda la realización del proyecto, alegando que las arcas estatales no dispondrán de los recursos necesarios para ponerlo en marcha y propuso anular algunos Ministerios y oficinas públicas para ahorrar esa suma. Sin embargo, esa idea fue rechazada por sus socios de la coalición gubernamental.
Tras el golpe de Estado de 1948, el régimen comunista checoslovaco confiscó a las iglesias del país 2.500 edificios, 175.000 hectáreas de bosques y 25.000 hectáreas de tierra.A base de dos leyes aprobadas en 1990 y 1991 el Estado devolvió a las iglesias unos 200 edificios. Pero ninguno de los Gobiernos, que asumieron el poder tras la revolución de terciopelo, logró llevar a cabo las restituciones de manera exhaustiva.
La normativa aprobada por el Gobierno de Petr Nečas supone que el Estado devolverá a las Iglesias un 50% de sus bienes por un valor de tres mil millones de euros y otros 2.400 millones de euros que serían abonados por el Estado durante los próximos 30 años.