Chequia denuncia la ley europea de armas
La República Checa cumplió su amenaza: denunció la ley comunitaria de armas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El país centroeuropeo pide la anulación o, como mínimo, la postergación de la directriz que debe ser implementada por los Veintiocho antes de mediados de septiembre de 2018.
La directriz provocó una ola de indignación entre la población checa. Los críticos señalan que dicha norma afectará, sobre todo, a los poseedores de armas legales y que interviene de manera inaceptable en la seguridad interna de los respectivos estados, lo que contradice las leyes comunitarias.
El ministro del Interior, Milan Chovanec, subrayó que presentar la denuncia ha sido la única manera posible para defenderse contra la ley.
El ministro destacó que la nueva ley castigará en masa a los poseedores de armas decentes, lo que es inaceptable, ya que “la prohibición de armas legales no tiene nada que ver con la lucha contra el terrorismo”.
Por su parte, el diputado Jan Farský señaló que el Gobierno checo simplemente se durmió a la hora de poder modificar la ley antes de su aprobación y que la denuncia trata de recuperar lo que debía haber hecho con anterioridad.
Se supone que la ley afectaría a unos 300.000 poseedores de la licencia de armas, así como a los dueños de armas y cartuchos desvalorizados que no estaban sujetos a ningún tipo de registración hasta la fecha.
“Al Gobierno se le escapó el periodo en el que podía influir la normativa para que no fuera tan estricta. Eso vuelve a provocar una resistencia artificial contra la Unión Europea surgida en base a nuestra incapacidad de conseguir un resultado mejor por medio de las negociaciones”, indicó.
El eurodiputado Luděk Niedermayer está convencido de la eficacia de la nueva normativa, que dificultará a los terroristas el acceso a las armas.
“A la hora de determinar qué armas pueden poseer los habitantes, hay que darse cuenta de que en nuestro país una gran parte de los crímenes han sido cometidos con armas legales”, dijo.
La directriz entró en vigor el 13 de junio y los países comunitarios deben implementarla en sus sistemas legales a lo más tardar dentro de 15 meses, o sea antes de mediados de septiembre de 2018.
