Multas de hasta 370 euros por insultar a funcionarios o policías

Foto: Tomáš Adamec, ČRo

Una nueva ley reforzará la protección legal de policías y funcionarios, al imponer multas de 370 euros por agresiones verbales. En concreto, la medida trata de aumentar la protección de los trabajadores de las oficinas de empleo, que se ven expuestos con frecuencia a ataques y amenazas.

Foto: Tomáš Adamec,  ČRo
Patadas en la vidriera de la entrada, amenazas de bomba, sillas que se estrellan contra la pared. Estos son algunos de los momentos tensos que tienen que vivir día a día los funcionarios públicos, y más concretamente los responsables de las oficinas de empleo. Estas registran cada mes hasta 30 agresiones, la mayoría por parte de personas dependientes de las ayudas sociales.

Solo el año pasado tuvieron lugar 400 ataques a funcionarios, en algunos casos de carácter físico, la mitad de ellos en la región de Moravia del Norte, con alto índice de desempleo y exclusión social.

Foto: Filip Jandourek,  ČRo
Ahora una nueva ley permitirá desde el año que viene la imposición de multas de hasta 370 euros por insultar a un policía o un funcionario. El cambio legislativo, que equipara esta agresión a una violación del orden público, debería reforzar la posición de los trabajadores de las oficinas de empleo, que aun así disponen de instrucciones concretas sobre cómo actuar en estos casos, comenta Kateřina Beránková, portavoz de la institución.

“Nuestra gente, por supuesto, intenta siempre tomar en consideración todas las circunstancias, pero la ley establece reglas claras. En el orden del día están los golpes en la mesa, arrojar sillas…”, explicó.

Foto: Filip Jandourek,  ČRo
De hecho algunos de estos funcionarios asisten a cursos de defensa propia, y la Oficina de Empleo organiza clases de formación sobre cómo comportarse en situaciones de tensión. En algunas sedes se ha optado además por incrementar las medidas de seguridad.

En todo caso, actualmente las oficinas de empleo cuentan con vidrios protectores en las ventanillas, botones de S.O.S, cámaras, aerosoles de pimienta y en algunos casos guardias jurados o visitas regulares de la Policía.

Los principales motivos que llevan a las amenazas o ataques contra estos funcionarios son el descontento acerca de la fecha de pago de las ayudas sociales, la lentitud en el proceso de concesión de estas ayudas, su monto o la indisposición de los funcionarios a entregarlas en efectivo.