Ministros checos no logran acuerdo sobre escáneres corporales en aeropuertos

Mientras el Ministerio del Interior apoya el uso de los escáneres corporales, la dirección del Aeropuerto de Praga y el Ministerio de Transportes temen los elevados costes relacionados con su implantación. El Gobierno checo se ha tomado un mes para acordar una postura común sobre el tema.

El fallido atentado terrorista el pasado 25 de diciembre contra un avión que hacía la ruta Ámsterdam-Detroit reabrió el debate sobre los controles de seguridad en los aeropuertos. Francia, Holanda, Italia y Gran Bretaña reaccionaron anunciando que introducirán los escáneres corporales.

Esa decisión ha dividido en dos campos opuestos a la Unión Europea. Unos apoyan la nueva tecnología considerándola como un buen instrumento para aumentar la seguridad aérea, otros argumentan que perjudica los derechos fundamentales de los ciudadanos mostrando sus cuerpos desnudos.

La misma dualidad de opiniones existe en la escena política checa. El ministro del Interior, Martin Pecina, está a favor de la medida.

“Apoyo la introducción de los escáneres corporales en los vuelos más problemáticos, como a Estados Unidos e Israel, es decir, allí donde ya se aplican controles de seguridad más rigurosos”, sostuvo Pecina.

Por su parte, el ministro de Transportes, Gustav Slamečka, teme los costes relacionados con la implantación de la nueva tecnología. Y con razón. Sólo el Aeropuerto de Praga necesitaría 80 escáneres para cubrir todos los vuelos a destinos de riesgo, lo cual afectaría también a los pasajeros, según afirma el director del Aeropuerto de Praga, Miroslav Dvořák.

“El Aeropuerto de Praga dispone de recursos necesarios para comprar los escáneres corporales. Sin embargo, siempre es el pasajero quien paga por estas medidas de seguridad adicionales, ya que las inversiones en ellas se reflejan en las tasas de aeropuerto”, indicó Dvořák.

Mientras los expertos de Bruselas están analizando las repercusiones de los escáneres corporales sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, el Gobierno checo se ha tomado un mes para armonizar su postura. Durante este tiempo, deberá resolver no sólo el aspecto moral del uso de estos instrumentos, sino sobre todo el económico.