Iglesias aceptan el plan del Gobierno checo para su indemnización
Las Iglesias en Chequia podrían ser indemnizadas por el Estado. Representantes eclesiásticos anunciaron que aceptan la propuesta gubernamental que pretende reparar las injusticias del pasado. Sólo queda acordar los plazos de las retribuciones financieras.
“El proyecto es un compromiso razonable entre las partes involucradas. Durante la elaboración de las formulaciones del borrador del acuerdo, los representantes del Estado Checo tomaron en consideración los diferentes aspectos del asunto, así como las posibilidades económicas del Estado”.
El plan supone que las Iglesias recibirán el 56% de los bienes materiales, por un valor de unos tres mil millones de euros, confiscados durante el régimen comunista. Se trata en su mayoría de bosques, campos y estanques. Para indemnizar el resto de los bienes confiscados, las Iglesias obtendrán una compensación financiera equivalente a unos 2.500 millones de euros. El Estado Checo retribuirá esa suma a las Iglesias en un período entre 20 y 30 años.El 80% de la compensación financiera le corresponderá a la Iglesia Católica y el resto será repartido entre las Iglesias Evangélica, Ortodoxa y la Federación de Comunidades Judías.
La restitución de las Iglesias permitirá que éstas se separen del Estado, lo que el arzobispo de Praga y presidente de la Conferencia Episcopal Checa, Dominik Duka considera sumamente importante.“Teniendo en cuenta que la República Checa es un país ateo en su mayoría, estoy convencido de la importancia de que seamos independientes del Estado. Nadie podrá acusarnos así de que somos financiados por toda la sociedad, incluso por aquellos ciudadanos que son ateos y que, como dicen, no tienen nada que ver con ninguna Iglesia”.
Después del año 1948 cuando los comunistas asumieron el poder en Checoslovaquia, el Estado confiscó a las Iglesias 181.000 hectáreas de bosques, 72.000 hectáreas de tierras agrícolas y más de 8.000 hectáreas de otros terrenos.
El proyecto de indemnización de las Iglesias será plasmado en una ley que, de ser aprobada por el Parlamento, podría entrar en vigor a comienzos de 2013.