“Hemos pasado de una economía de mercado a una de subsidios”

La Contraloría del Estado (NKÚ) señala la necesidad de reformar un sistema que califica como “inmanejable”.

Sin reformar los sistemas de pensiones, salud y social, la estabilización de las finanzas públicas es imposible. Así lo afirmó el presidente de la Contraloría del Estado (NKÚ), Miloslav Kala, en su informe anual, donde destacó la profundización del déficit estructural del presupuesto o el aumento del endeudamiento como algunos de los grandes problemas del país.

En esta línea, la Oficina destaca que el nivel de deuda es el más alto desde la fundación de la

Foto ilustrativa: Filip Jandourek

República Checa, con un 44,6% del PIB el pasado año, mientras que la tasa de crecimiento de la deuda es la tercera más alta de toda Europa. Según el informe, los gastos del presupuesto estatal aumentaron en 30.000 millones de euros en los últimos cinco años, pero los ingresos solo aumentaron en unos 15.000 millones.

"Como resultado, la República Checa sigue siendo uno de los países de la Unión Europea que más rápido se endeuda, y esta tendencia amenaza la estabilidad de las finanzas públicas", afirmó Miloslav Kala.

En esta línea, el presidente de la institución señala, por ejemplo, el sistema de subsidios, en el que cree que podrían producirse ahorros significativos.

Miloslav Kala | Foto: Michaela Danelová,  Český rozhlas

“El sistema de cientos de títulos de subsidio, dentro de los cuales se distribuyen cientos de miles de millones de coronas, se ha vuelto inmanejable. Hemos pasado de una economía de mercado a una economía de subsidios”, dijo el propio Kala.

Según señala, el Estado debe reevaluar la efectividad de un sistema que, además, precisa de una considerable inversión de dinero y personal. En esta línea, el informe recoge que, según los resultados de las inspecciones, algunos departamentos gastaron dinero en una dirección completamente opuesta a la que se habían propuesto originalmente. Un ejemplo sería la agricultura o el medio ambiente.

El documento también apunta a que desde el 2017 la cantidad de empleados estatales ha ido creciendo en aproximadamente 10.000 por año, lo que supone un impacto promedio de unos 850 millones de euros al año.