Gobierno checo busca administrar por decreto cuotas de trabajadores extranjeros
El gobierno checo quiere obtener control absoluto sobre el número de permisos de empleo expedidos a extranjeros.
El sistema propuesto tiene como propósito simplificar el proceso de permisos de trabajo para los extranjeros y así permitir que el gobierno checo pueda responder de manera más rápida a novedades en el mercado laboral y a las calamidades que puedan requerir de una afluencia repentina de trabajadores, como ocurrió con la inminente plaga del escarabajo de la corteza.
Chequia tiene la tasa más baja de desempleo en la Unión Europea, con vacantes que superan el número de desempleados registrados. Sin embargo, una aplicación para un permiso de trabajo de un año puede tardarse un año completo en procesarse.
En años recientes, el país ha acudido particularmente a Ucrania para ayudar a llenar el vacío. La vice presidenta de la Cámara de Comercio Checa, Irena Bartoñová-Pálková lo declaró en una visita de trabajo que realizó en mayo, en parte para revisar la tensión en los consulados.
“Simplemente no se encuentran empleados checos en el mercado laboral y es por esto que realmente necesitamos emplear trabajadores del extranjero. Hemos puesto nuestro enfoque principalmente en Ucrania debido a que el país es cercano a nosotros cultural y tradicionalmente. Es un país que tiene algo que ofrecer y los trabajadores realmente quieren trabajar. Es por esto que hemos acudido allí primero.”El gobierno aumentó la cuota anual para trabajadores ucranianos a 20,000 este año. No obstante, esto es una cifra pequeña teniendo en cuenta el aproximado cuarto de millón de trabajadores que hacen falta. La escasez es particularmente alta en los sectores de salud y agricultura.
El gobierno checo tomó inspiración de Polonia, que en el año 2016 logró tramitar visas de trabajo de estadía corta a 700,000 ucranianos. La legislación propuesta también planea aumentar la capacidad de consulados checos para procesar las aplicaciones. Sin embargo, esta proposición es rechazada por los sindicatos locales, que temen un influjo de mano de obra barata y que se escandalizan ante la idea de darle poder al gobierno para establecer cuotas por decreto.
El gobierno argumenta que la legislación propuesta contrarresta esta amenaza ya que permitiría que el número de solicitudes de cualquier país –o si bien de todos ellos- fueran reducidas en caso de que la situación del mercado laboral cambie repentinamente.