Entra en vigor la “ley mordaza”
La “ley mordaza”. Así apodaron los periodistas checos la enmienda al Código Penal que ha entrado en vigor este miércoles. La normativa prohíbe publicar las escuchas telefónicas policiales, así como desvelar la identidad de las víctimas de delitos graves, aunque sean altos representantes del país.
La enmienda surgió originalmente para proteger a los menores de 18 años del maltrato y abuso. Los medios de comunicación tienen prohibido publicar cualquier información que pueda conducir a la identificación del niño o adolescente que se convirtió en víctima de un delito. Desde el 1 de abril esta medida legal se refiere a todos los adultos que podrían verse afectados por cualquiera de los 33 actos criminales graves que determina la normativa.
Ello significa en la práctica que los periodistas checos son hoy los únicos de la Unión Europea que no pueden informar sobre acontecimientos como serían el secuestro, atentado o chantaje perpetrados contra el presidente de la República o algún ministro. Significa también que a los ciudadanos no les llegará la información si algún político no paga la alimentación de su hijo.
El vicepresidente del Senado, Petr Pithart, sostuvo que el nuevo Código Penal será examinado por el Tribunal Constitucional.
“Aquí surge un nuevo problema, es decir, con esta enmienda los políticos tienen la posibilidad de ocultar sus delitos ante el público”, dijo Pithart.
La “ley mordaza” es blanco de críticas especialmente por el hecho de que prohíbe publicar conversaciones telefónicas de la Policía antes de que sean usadas como prueba ante un tribunal.
“Nadie puede decir que una libertad es más importante que la otra. Hay que reflexionar sobre las analogías: el robo es un delito y la venta de objetos robados es también un delito. Confío en que esta ley será una motivación para la Policía y las Fiscalías para que trabajen mejor y para cualquier ciudadano para que ayude a descubrir los actos criminales en el momento de llegar a saber algo”.
En caso de que las escuchas policiales incluyan información sobre el comportamiento corrupto de un político, los medios de comunicación podrán difundirla, pero tendrán que demostrar que fue de interés público.
La violación de la enmienda al Código Penal puede ser sancionada por una multa de unos 185 mil euros y hasta cinco años de prisión.
