El Gobierno se lía con las cuotas de alimentos checos

Foto: Gilbert Mercier, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

La Cámara de Diputados aprobó que las superficies comerciales deban ofrecer una cuota mínima de productos checos que se irá incrementando paulatinamente. Pocas horas después, el primer ministro, Andrej Babiš, salió a criticar el apoyo de sus diputados del movimiento ANO a esta ley que va contra los principios del mercado único europeo y encarecería la cesta de la compra, según expertos.

La Cámara Baja debía votar este miércoles sobre la prohibición de la doble calidad de productos dentro de la Unión Europea, una cuestión que desde hace años denuncia la República Checa en Bruselas. Según lo aprobado por los diputados, finalmente se podría multar con hasta casi 2 millones de euros a las empresas que vendan en Chequia productos con la misma composición pero de menor calidad que en otros países europeos sin avisarlo al cliente.

Tomio Okamura,  foto: Filip Jandourek,  ČRo

Sin embargo, el gran tema del día fue otro, pero también de ámbito europeo. Los diputados aprobaron una polémica propuesta del partido Libertad y Democracia Directa para que a partir de 2022 las superficies comerciales de más de 400 metros cuadrados tengan que ofrecer una cuota mínima de alimentos checos. El año que viene se trataría de un 55%, una proporción que iría en aumento hasta llegar al 73% en 2028.
Para el líder del partido, Tomio Okamura, se trata del camino correcto, como argumentó para la Televisión Checa.

“Creo que es el modelo correcto y el único con el que podemos garantizar la autosuficiencia y seguridad alimentaria de la República Checa”.

Miroslav Toman,  foto: Michaela Danelová,  ČRo

En concordancia con Okamura, el ministro de Agricultura, el socialdemócrata Miroslav Toman, pidió al Hemiciclo que fuera “un poco nacionalista” cuando se trata de productos de alimentación.

La ley recibió finalmente el apoyo del Partido Comunista, los partidos nacionalistas Tricolor y Libertad y Democracia Directa, pero también los de la coalición de Gobierno, el Partido Socialdemócrata y casi todos los diputados de ANO.

El presidente de la Asociación de la Agricultura Privada, Jaroslav Šebek, lo calificó como “la victoria del populismo”. Pero ocho países miembros y la propia Comisión Europea ya habían avisado con anterioridad de que semejante ley va contra los principios del mercado único, como también recordó para la Televisión Checa el diputado del Partido Cívico Democrático Petr Bendl, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Agricultura.

Jaroslav Šebek,  foto: archivo de Jaroslav Šebek

“Estoy totalmente convencido de que los mismos que han presentado la propuesta también están convencidos de que la Unión Europea echará atrás la ley. La propuesta es prácticamente irrealizable y no hay formar de controlar su cumplimiento”.

Sorprendentemente, poco después salió el propio Andrej Babiš a criticar el voto a favor de sus diputados y presentar, curiosamente, los mismos argumentos de los principales partidos de la oposición. “Algunos creen que se trata de un favor que se hace a los agricultores checos, pero, por desgracia, están equivocados. Esto supondría importantes sanciones por parte de la Unión Europea y ni los consumidores ni los productores saldrían beneficiados de limitar el libre tránsito de productos”, declaró a la Radio Checa el primer ministro.

Tomáš Prouza, de la Asociación de Comercio y Turismo de la República Checa, también cree que la medida no supondría ningún beneficio para el país.

Tomáš Prouza,  foto: ana Přinosilová,  ČRo

“No hay tantos alimentos en la República Checa, la ley es un sinsentido. Los productores checos tendrían que bajar la calidad y subir los precios.  Nuestros cálculos son de entre un 15-20% más para las verduras, las frutas y la carne checas”.

Para Radek Holomčík, del Partido Pirata, es poco probable que la mayoría de los diputados o el propio gobierno estén pensando realmente en asumir sanciones europeas. En declaraciones a la Radio Checa resumió la aprobación de la ley como un “teatro para el electorado” y para que “los agricultores reciban el mensaje de que están haciendo algo por ellos”. Pero la realidad, defendió, es que esta ley nunca podrá entrar en vigor.