El Gobierno saca adelante la nueva ley de protección a los ucranianos refugiados pese a la fuerte oposición
La Ley Ucrania 7, que prolonga la protección a los refugiados que tuvieron que huir de la invasión rusa, fue aprobada por la Cámara Baja en un ambiente bronco de rechazo por parte de la oposición. Los ciudadanos rusos, además, lo tendrán más difícil para asentarse en Chequia.
La Ley Ucrania 7, al igual que sus seis antecesoras, reacciona a la directiva de la Unión Europea que establece las condiciones de protección para los refugiados ucranianos que han dejado su país tras ser invadido por las tropas rusas.
De los 177 diputados presentes, 99 lo hicieron a favor de prolongar la protección a los refugiados bajo unas nuevas condiciones. La ley también establece nuevas penas por realizar actividades en favor de una potencia extranjera y la otra endurece las reglas para conseguir la nacionalidad checa a los ciudadanos rusos.
El ministro del Interior, Vít Rakušan, defendió las medidas como algo necesario para la seguridad del país.
“Es el deber de la República Checa defender a sus ciudadanos, proteger nuestro espacio de seguridad”.
La oposición del movimiento ANO de Andrej Babiš considera anticonstitucionales las medidas y se plantea presentar una nueva denuncia ante el Tribunal Constitucional.
El presidente del Comité de Seguridad de la Cámara Baja, Martin Exner, del movimiento de Alcaldes e Independientes (STAN), explicó que hay muchas excepciones para seguir ofreciendo asilo a los rusos que lo necesiten o que aporten algo al país.
“Existe un abanico amplio de excepciones cuyo denominador común es que benefician a la República Checa en el ámbito del deporte, la ciencia o el arte. Por supuesto, también existe la posibilidad de asilo cuando un ciudadano ruso sienta que está sufriendo algún tipo de persecución en Rusia”.
Tampoco le gustó al movimiento ANO que los cuatro partidos de la coalición gubernamental usaran un formato de votación con fecha fija para impedir las famosas obstrucciones que se producen a menudo cuando la oposición no quiere que se llegue a votar algo. Esta decisión, que sí apoyó el Partido Pirata, aunque luego votara en contra de la Ley Ucrania 7, evitó intervenciones de varias horas por parte de los diputados opositores, que calificaron la decisión como una flagrante forma de censura y por lo que también amenaza con quejarse al Tribunal Constitucional. En total, fueron 12 las peticiones de intervención por parte de oradores de la oposición que no fueron satisfechas.
El Gobierno argumenta que tenía que dar tiempo antes de Navidades a aprobar la ley, ya que hará falta que se registren de nuevo todos los refugiados que necesiten de ayuda para saber quiénes y cuántos son, ya que existe mucha movilidad entre Chequia y Ucrania, y su número es muy cambiante.
En cuanto a las ayudas, la ley regula el acceso de los refugiados ucranianos con protección temporal a los servicios de salud pública, educación o el mercado laboral.
Uno de los argumentos del líder de la oposición, Andrej Babiš, para votar en contra de prolongar la protección, es que la guerra se va a acabar, dijo en el estrado.
“Nosotros, unos patriotas que siempre hemos apoyado a Trump –y Viktor Orbán habló con él recientemente en Florida durante tres horas–, estamos convencidos de que pondrá fin a la guerra. Y si ahora tenemos esta protección hasta marzo de 2025, pregunto si el ministro tiene otra información y la guerra va a continuar. Por supuesto, si continúa, entonces mi opinión puede ser distinta. Pero cuando la guerra termine, la protección deja de tener sentido, ¿para qué prorrogarla?”.
Los refugiados ucranianos que no necesiten protección especial y estén trabajando, podrán prolongar su estancia de larga duración. En el caso de los niños, para alargar su protección tienen que demostrar que están asistiendo a la escuela.
El diputado del partido Libertad y Democracia Directa (SPD), Radim Fiala, fue más allá en el rechazo a la ley: los extranjeros no deberían tener derecho a ayudas del Estado.
“Los extranjeros no deberían tener acceso a prestaciones sociales ni a las prestaciones para personas con discapacidad destinadas a los ciudadanos checos, mientras que, recientemente, el Gobierno de Fiala se negó a aumentar el subsidio mensual para los cuidados de los ciudadanos checos discapacitados con primer grado de dependencia, que no pueden hacer frente a hasta cuatro necesidades básicas vitales”.
Lo cierto es que los 150.000 refugiados ucranianos que trabajan actualmente en la República Checa, como certificó hace un mes el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, aportan con sus impuestos a las arcas del Estado 227 millones de euros más de los que recibe esa comunidad en ayudas.