Chequia sube los impuestos a parte de las centrales solares
Las centrales solares instaladas en 2009 y 2010 deberán pagar un 10% del impuesto solar a la vez que verán reducido el apoyo del Estado según una enmienda aprobada por la Cámara Baja. Estas centrales del conocido como el “boom solar” gozaban hasta ahora de un régimen fiscal especial.
Las centrales térmicas solares del año 2009 no han estaban sujetas a tributación desde su instalación, pero a partir de ahora tendrán que pagar un impuesto del 10% del precio de compra de la energía y un “bonus verde” del 11%.
Mientras, las centrales solares que entraron en funcionamiento en 2010 verán incrementada su tributación hasta pagar un 20% o un 21%.
De la misma manera, el Estado retirará su apoyo a la energía fotovoltaica a través del conocido como Porciento de Rendimiento Interior (IRR, por sus siglas en checo). El Estado se ahorrará de esta forma millones de euros, ya que la cantidad que paga por el rendimiento de las centrales pasará del 8,4% al 6,3%.
La iniciativa para aplicar impuestos a esas centrales partió de las filas del Partido Socialdemócrata, pero también el ministro de Industria, Karel Havlíček, apoya que las centrales del conocido como boom de las solares tributen.
A través de la subida del 10% a esas centrales se espera que lleguen a las arcas del Estado hasta 195 millones de euros, y con la reducción del IRR, podrían ahorrarse otros 78 millones de euros.
Según Havlíček, el Estado apoya con 1832 millones de euros cada año a las energías renovables, más de la mitad provenientes de los presupuestos del Estado. El resto lo aportan los usuarios y la industria.
Para el ministro de Industria, esta nueva ley es clave para la transformación del sector, que afecta a 1,7 millones de hogares, y para permitir la transición a fuentes de energía alternativas al carbón así como a una movilidad limpia en el transporte.
El ministro destacó que con la ley se pone punto y final a una fórmula desafortunada de apoyo a la energía fotovoltaica. En un principio, ese régimen fiscal ventajoso debería haberse mantenido hasta 2030, con lo que el Estado habría perdido más de 22 340 millones de euros, subrayó el ministro.
