Chequia sigue resistiéndose a ratificar el Convenio de Estambul
Por un estrecho margen de dos votos, el Senado checo rechazó la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Solo un puñado de países de Europa Central y del Este mantiene su negativa al documento.
De los 71 senadores presentes, solo 34 votaron a favor de la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como el Convenio de Estambul. Tras un tenso debate de casi siete horas, solo dos votos evitaron que Chequia dejara de pertenecer al pequeño grupo de países que siguen sin ratificar un documento redactado en 2012 y que desde entonces ha sido adoptado por la legislación de 35 estados. De la Unión Europea, solo Lituania, Hungría, Eslovaquia y Bulgaria, además de Chequia, siguen sin aceptarlo.
El senador Václav Láska, del grupo parlamentario de SEN21 y Piratas, manifestó su asombro ante este hecho.
“El Convenio resume procedimientos, principios y directrices para combatir la violencia, principalmente, contra las mujeres, pero no solo contra las mujeres. Cuando lo leí por primera vez, pensé automáticamente que no íbamos a tener ningún problema con él, pero resultó ser el comienzo de una especie de guerra cultural”.
Su grupo parlamentario y el de Alcaldes e Independientes (STAN) son los únicos que apoyaron el documento de manera unánime. El presidente de la República Checa, Petr Pavel, apeló a su ratificación durante la misma tarde del debate parlamentario, lo que también hizo el presidente de la Cámara Alta, Miloš Vystrčil. Sin embargo, su propio grupo parlamentario, el del Partido Cívico Democrático (ODS) y TOP 09, votó completamente dividido, con 15 de sus representantes en contra y 11 a favor. Mayoritariamente en contra votaron el grupo del Democristiano Partido Popular (KDU-ČSL) y el de ANO y SOCDEM (el antiguo Partido Socialdemócrata).
Los contrarios al documento argumentan que este obliga a cumplir con los preceptos de lo que llaman ideología de género, que rompe con el concepto tradicional de hombre y mujer, o alertan de que puede servir para que ONGs obliguen al Estado a financiarlas para cumplir con los objetivos del convenio. Según el senador del grupo de ODS y TOP 09 Zdeněk Hraba, todo ello no es evidente a primera vista en el texto.
“El Convenio de Estambul es, y lo digo siempre, una manzana envenenada con una piel muy bonita. Es un documento que dice muchas cosas y que ciertamente tiene buenas intenciones, pero en el que se ha logrado ocultar algunas cosas realmente insidiosas”.
Para quienes apoyan el convenio, esto es una mala interpretación del texto y una argumentación alejada de la realidad. Una realidad en la que, por el contrario, en la mayor parte de los casos, violadores o personas halladas culpables de violencia doméstica, reciben penas de libertad condicional y bajas multas económicas. Y también una realidad en la que las mujeres víctimas se encuentran desde el primer momento con numerosos obstáculos para denunciar o ser tomadas en consideración.
El ministro de Asuntos Europeos, Martin Dvořák, lamentó en un post el resultado de la votación que calificó de “vergüenza internacional” para Chequia. “Me fastidia que hayan convertido el Convenio de Estambul en un monstruo que amenaza las familias checas ‘tradicionales’ (…) Me enfada porque enviamos un mensaje muy malo a las mujeres y las muchachas de que no consideramos necesario proteger a las víctimas de la violencia doméstica”.
El Convenio de Estambul condena la violencia doméstica, el acoso sexual, la violación, los matrimonios forzados, los llamados crímenes de honor o la mutilación genital. Señala que las mujeres son mucho más a menudo víctimas de violencia doméstica y sexual que los hombres, así como víctimas de violaciones masivas en conflictos armados. El documento identifica la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y una discriminación.
En el convenio, los Estados se comprometen, entre otras cosas, a adoptar medidas contra la violencia, prevenirla y asignar dinero para los servicios destinados a ello.
