Tomáš Baťa junior reclama millones al Estado checo

Tomáš Baťa (Foto: CTK)

El empresario checo-canadiense, Tomáš Jan Baťa, exige al Estado checo una satisfacción financiera por los bienes confiscados a su familia después de la Segunda Guerra Mundial.

Tras un largo proceso, la Corte Municipal de Praga anuló en noviembre los cargos contra Jan Antonín Baťa, acusado de colaboración con los nazis y condenado en 1947 a quince años de prisión, además de la confiscación de sus bienes por el Tribunal Nacional.

Una semana después de haber sido pronunciado el veredicto que absolvió a Baťa, su sobrino, Tomáš Baťa junior, de 92 años, residente en Toronto, Canadá, declaró que reclamará a la República Checa una indemnización económica.

“Requeriremos la satisfacción financiera que nos fue prometida de acuerdo con los decretos de Beneš, y que nunca hemos recibido“, sostiene Baťa.

El valor de los bienes confiscados a la familia Baťa se estima en unos 50 mil millones de coronas checas, es decir, casi dos mil millones de euros. Tomáš Baťa junior presentó hace más de tres años una demanda a la Corte Europea de derechos humanos, en Estrasburgo, para pedir una indemnización.

Tomáš Baťa junior (Foto: CTK)
Según Jan Kuklík, director del Instituto de la Historia Legislativa de la Universidad Carolina en Praga, las posibilidades del empresario en la Corte son muy pocas.

Uno de los motivos es la resolución del Tribunal Constitucional según la cual no es posible recuperar en la restitución los bienes confiscados antes del año 1948. “Además, Tomáš Baťa junior no poseyó ni una sóla acción en la empresa confiscada“, recalca Kuklík.

Sin embargo, hay quienes opinan todo lo contrario. La abogada Klára Veselá-Samková, que representa varias familias afectadas por la confiscación, sostiene que la familia Baťa puede permitirse los mejores abogados y que su caso tal vez pueda servir de ejemplo a los demás empresarios afectados.

El antiguo estado checoslovaco confiscó en 1945 unas tres mil empresas que representaban hasta dos terceras partes de la industria local, basándose en los decretos del entonces presidente, Edvard Beneš. En los decretos constó que los propietarios de las empresas confiscadas recibirían una satisfacción financiera.

No obstante, puesto que los documentos no dejaron claro cuánto dinero y en qué forma les debía pagar el estado, muchos de ellos se quedaron sin recibir nada.