Queda un mes para la aplicación del registro obligatorio de ventas
El registro centralizado de los ingresos por ventas entra en su etapa final. Los propietarios de restaurantes y hoteles pueden probar este mes cómo funciona el sistema que de manera obligatoria entrará en vigencia el próximo 1 de Diciembre.
Durante todo el mes de noviembre los propietarios y empleados de hoteles y restaurantes podrán hacer uso del sistema a manera de prueba. Se ensayarán situaciones críticas, como por ejemplo un corte de suministro de energía eléctrica o problemas con la conexión de Internet.
A pesar de que queda tan sólo un mes para la puesta en marcha definitiva del sistema de registro centralizado de las ventas, no todos los afectados han adquirido la terminal correspondiente, alertó el ministro Babiš.
“Espero que todos hayan comprendido que empezamos el 1 de Diciembre. Les dimos tiempo suficiente para que pudieran prepararse”.En la primera etapa entran más de 600.000 empresarios, propietarios de restaurantes y hoteles, artesanos y prestadores de servicios.
El opositor Partido TOP 09 ha lanzado fuertes críticas contra la normativa, a tal punto que el líder de la agrupación, Miroslav Kalousek, no descarta la posibilidad de triunfar con una enmienda a la ley.
“El Partido TOP09 ha presentado una enmienda a la ley sobre las cajas registradoras electrónicas para que entre en vigencia hasta dentro de dos años. Consideramos que se trata de una solución justa y constructiva”.
A pesar de que el tiempo apremia, tan sólo el 20% de los empresarios ha comprado la terminal electrónica que enviará el registro de las ventas a la central creada por el Ministerio de Finanzas.Los más activos, con un 50% de terminales compradas, son los propietarios de hoteles y restaurantes. La segunda etapa, que empezará en marzo, estará dirigida a las empresas de comercio al por mayor y al por menor.
Apoyado por el Gobierno de coalición, el ministro Babiš está convencido de que nada impedirá la puesta en marcha del registro obligatorio de las ventas que, además de reducir la evasión de impuestos, representará un ingreso de más de 600 millones de euros para el Estado, según sus cálculos.