Chequia prepara su propia Ley Magnitsky de sanciones internacionales
La República Checa prepara una ley similar a la Ley estadounidense Magnitsky de 2012 para sancionar a empresarios rusos no incluidos en la lista de sanciones de la UE.
La Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos fue aprobada en 2012 en Estados Unidos para perseguir a extranjeros acusados de corrupción y violaciones de los derechos humanos. Inicialmente la ley era dirigida para juzgar a los funcionarios rusos implicados en el asesinato del abogado ruso Serguéi Magnitsky en noviembre de 2009.
Ahora Chequia pretende crear una ley parecida para poder sancionar a individuos o entidades que no están en la lista de individuos rusos sancionados por la Unión Europea.
Denís Katsyv es un empresario ruso investigado en EE.UU. por blanqueo de capitales. Según los investigadores estadounidenses, usaba empresas ficticias y bancos checos para sus actividades ilegales. Su nombre no se encuentra en la lista de la UE de individuos rusos sancionados, pero el gobierno checo podría poner fin a esto con su propia versión de la ley estadounidense.
El proyecto de ley propuesto pasó su primera lectura en la Cámara Baja y ahora debe ser debatido por los comités de Asuntos Exteriores y Constitución en la Cámara de Diputados.
El ministro de Asuntos Exteriores, Jan Lipavský, defendió su importancia.
“Esta es la perfecta herramienta legal con la que las autoridades tendrán la posibilidad de responder a tales hechos rápidamente. No solo señalarlos, sino tomar acción de forma unilateral contra tales individuos y compañías”.
El caso de Katsyv no es el único. La lista de sanciones de la UE solo incluye a unos pocos empresarios rusos activos en Chequia. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas, existen unas 12 000 compañías de propiedad rusa operando en República Checa, muchas de las cuales no están presentes físicamente y solo realizan transacciones financieras desde terceros países.
Con la ley que se ha propuesto, Chequia podría “imponer sanciones contra individuos en interés de la seguridad nacional, la protección de los derechos humanos fundamentales y la lucha contra el terrorismo”. La ley crearía del mismo modo una base legal para la inclusión de entidades en la lista de sancionados de la UE a iniciativa de la República Checa.
El gobierno checo planeaba aprobarla a finales de año, pero la agresión rusa a Ucrania ha subrayado la necesidad de entrar en acción lo más pronto posible. Sin embargo, la propuesta de aprobar el proyecto de ley por la vía rápida ante la coyuntura internacional fue vetada por los partidos de la oposición. La vicepresidenta del partido opositor ANO, Alena Schillerová, subrayó que el veto no era una propuesta política.
“Estamos listos para apoyar el proyecto de ley, pero queremos tomar parte en él. Queremos presentar nuestras propias propuestas y ayudar a mejorarlo”.
Francia, Países Bajos, Letonia y Estonia ya cuentan con legislación similar en camino de ser aprobada próximamente.
Condena a los crímenes de guerra en Ucrania
Las versiones europeas de la Ley Magnitsky permitiría a los países de forma individual juzgar los crímenes de Rusia, o al menos parte de ellos. La ley Magnitsky complementa el principio de justicia universal y en parte lo altera. La justicia universal permite a los tribunales nacionales enjuiciar a una persona, ya sea nacional o extranjera, por crímenes como el genocidio o la tortura, y esta ley autoriza a los Gobiernos nacionales a castigar también a personas jurídicas. Por tanto, las sanciones impuesta por la ley Magnitsky relaciona los actos u omisiones de los Estados con la violación de los derechos de alguien.
La UE ya ha adoptado su versión de la Ley Magnitsky, y países como Estonia o Letonia ya han puesto en marcha su versión propia de la ley imponiendo sanciones económicas y migratorias a Rusia.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido recientemente en una conferencia en La Haya que se instale un “tribunal especial” para investigar la invasión rusa en su país. En marzo, la Corte Penal Internacional abrió una investigación en Ucrania poco después de que Rusia comenzara el ataque militar al país, e incluso mandó a investigadores para que recopilaran pruebas.
Sin embargo, es poco probable que la Corte Penal Internacional llegue a juzgar a Rusia por los crímenes que está cometiendo, ya que tanto Rusia como la propia Ucrania no tienen ratificado el Estatuto de Roma. Rusia lo firmó pero nunca lo llegó a ratificar. En 2016, el Gobierno de Putin retiró su firma del Tratado por las acusaciones que se realizaron contra su actuación en la guerra de Siria. Ucrania tampoco ha ratificado el Tratado aunque aún sí mantiene su firma.
Kiev también ha llevado a Rusia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos buscando una compensación económica de Rusia por los crímenes de guerra infligidos durante la invasión. Pero tampoco esta batalla legal va a tener largo recorrido, ya que, aunque Ucrania en este caso sí haya adoptado el Convenio y pertenezca al TEDH, Rusia se ha retirado recientemente de él. Es cierto que Moscú se ha comprometido a cumplir con las decisiones del TEDH, pero ha declarado que lo haría siempre y cuando no contradijera la Carta Magna rusa.
Las versiones europeas de la Ley Magnitsky podrían tener la jurisdicción de la que la Corte Penal Internacional carece, o al menos intentarlo. Cabría la posibilidad de que un país europeo con su propia Ley Magnitsky se permitiera crear un tribunal propio para juzgar a Rusia, pero el resultado, presumiblemente, sería el mismo que el que va obtener la CPI o el TEDH, esto es, ninguno. Puesto que si el país acusado no reconoce la autoridad jurídica o simplemente ese país no legisla sobre el país acusado, éste no tiene por qué cumplir las sentencias que le dicten.
