La independencia de Kosovo divide a los políticos checos
La declaración unilateral de la independencia por el Parlamento de Kosovo este domingo revolvió las aguas de la política internacional. En la República Checa se enfrentan los que están a favor y los que no comparten el surgimiento de República Democrática de Kosovo.
Los políticos checos no han encontrado consenso en este sentido. El vice primer ministro para Asuntos Europeos, Alexander Vondra, explicó que se trata de una cuestión que compete a los kosovares y que Europa response a la nueva realidad.
„Nosotros no estamos declarando la independencia de Kosovo, la están declarando los kosovares y nosotros tenemos que reaccionar de alguna manera, y más aún si en el lugar tenemos a nuestros soldados“, enfatizó Vondra.
Por su parte, el presidente checo Václav Klaus dijo que la independencia de Kosovo no le parecía muy buen paso y que no le extrañaba que los serbios lo sintieran como una injusticia.
El primer ministro serbio, Vojislav Kostunica, calificó la separación kosovar como la "proclamación de un Estado falso" que viola el derecho internacional. Una opinión que comparte su gran aliada, Rusia. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, criticó la doble vara de medir de la Unión Europea.
El eurodiputado comunista Miroslav Ransdorf no comparte el optimismo de los kosovares ni el apoyo europeo.
„El apoyo europeo a la independencia kosovar crea un Afganistán europeo, donde no rigen las leyes y aumenta la criminalidad y el narcotráfico“, acentuó el eurodiputado comunista.
Para evitar enfrentamientos entre las distintas comunidades kosovares, EE.UU. y la Unión Europea han reforzado la vigilancia de los 16.000 militares que tiene allí desplegados la OTAN.
Europa enviará además en los próximos meses una misión civil, conocida como „Eulex Kosovo“, que contará con unos 2000 expertos, entre policías, jueces y funcionarios, que ayudarán al Gobierno kosovar a construir un Estado de Derecho.
El objetivo de esta operación es luchar contra el crimen organizado y la corrupción, así como garantizar el funcionamiento de la Justicia, las aduanas y el mantenimiento del orden público.
Rusia insiste en que se trata de una misión "ilegal" porque considera que debería contar con el apoyo de una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.