Los trabajadores autónomos extranjeros le cuestan a la hacienda checa millones de euros
La subida de impuestos que se espera para el año que viene, la evasión fiscal efectuada por los extranjeros que viven en Chequia y la compensación a los que compraron durante el comunismo casas de emigrantes son algunos de los temas de la prensa checa de este jueves.
El Ejecutivo espera obtener así unos 180 millones de euros más, que irán destinados a medidas preventivas contra las inundaciones, la catástrofe natural más dañina en la República Checa. También se reducirá en un 50 por ciento la ayuda estatal a los planes de ahorro para comprar viviendas.
Sin embargo, las familias con hijos pueden considerarse afortunadas, la prevista reducción de la rebaja fiscal de diez euros anuales para este grupo de población no se llevará a cabo.
Y hablando de impuestos, los extranjeros cuestan al Estado checo cientos de millones de euros al año, según informa el diario económico E15. De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, muchos extranjeros de terceros países trabajan como autónomos pero paralelamente desarrollan otra actividad económica no declarada.
Cada extranjero no comunitario que hace todo según la ley paga impuestos por valor de más de mil euros en cada ejercicio fiscal, por lo que la cantidad estafada por los que sí que evaden impuestos puede ascender a varios millones de euros. Las asociaciones de inmigrantes por su parte consideran que la cifra es exagerada y que en ella se mezclan tres problemas diferentes: la evasión fiscal, el trabajo en negro y los registros en la Seguridad Social.En la República Checa hay más de 60.000 extranjeros con licencia de autónomo, pero solo 18.000 que pagan impuesto sobre beneficios. De estos, la mayor parte son ucranianos y vietnamitas.
Mladá Fronta Dnes se hace eco de la decisión del Tribunal Europeo de reconocer los derechos de los checos que compraron casas pertenecientes a emigrantes. El problema es el siguiente: en los 70 y 80 el Estado checoslovaco expropiaba y vendía las casas de los ciudadanos que habían decidido escapar del país y vivir al otro lado de la Cortina de Hierro.
Al caer el comunismo, los emigrantes volvieron y reclamaron su propiedad, en la mayor parte de los casos con éxito. Las familias que vivían en las casas confiscadas recibieron de vuelta el dinero que habían pagado, pero este era tan bajo que ya no podían adquirir una vivienda nueva.
Algunos de ellos llevaron el caso al Tribunal de Estrasburgo, que finalmente les ha reconocido el derecho de recibir una compensación, alegando que la reparación de injusticias no puede crear otras nuevas.