La vivienda social, un negocio para los especuladores
El Gobierno checo ha aprobado un proyecto de ley para frenar la especulación que cada vez ensombrece más las ayudas para las viviendas sociales que reciben los más desfavorecidos. El objetivo principal es acabar con los propietarios de los albergues que cobran rentas desorbitadas por viviendas precarias.
La administración checa quiere terminar con esta práctica introduciendo una legislación que cambie las condiciones de las prestaciones para la vivienda social. El proyecto de ley ha sido presentado por la Ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Michaela Marksová.
“Una de las medidas que evitará la proliferación de este tipo de injusticias es que las ayudas sociales estarán sujetas a la propia vivienda. Hasta ahora, los dueños de los albergues colocaban hasta a ocho personas en un habitación mientras recibían la máxima ayuda social por cada persona. Esto ya no será posible porque esta gente será legalmente considerada como un único núcleo familiar y las ayudas no aumentarán en relación al número de personas.”
La falta de viviendas comunitarias ha fomentado el negocio lucrativo de estos caseros que cargan cuantiosos alquileres a cuenta de la asistencia social que proporciona el estado.
Según datos oficiales, en 2011 se destinaban 30 millones de euros para cubrir esta ayuda social pero en tres años la cifra se ha disparado hasta la cantidad de 100 millones.
La recién implantada legislación limitará el precio de los alquileres que se cobran a los beneficiarios de estos subsidios de acuerdo con el mercado de la vivienda local. Además, las autoridades locales tendrán que aprobar las condiciones de las viviendas.
Una de las ONG que trabaja directamente con comunidades en desventaja social es 'Gente en Emergencia'. Esta ve con buenos ojos la decisión tomada por el Gobierno, aunque recuerda que los cambios tienen que ir más allá para que todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna.
El representante de la ONG para programas de integración Martin Kovalčík, tantea los motivos de esta situación discriminatoria.
Según este activista, una forma de abrir los mercados de la vivienda local a ciudadanos desfavorecidos podría ser ayudándoles con las fianzas de seguridad al tiempo que se proporcionan garantías a los propietarios de los inmuebles.
Para verificar el cumplimiento de estas nuevas normas, la ministra Marsová ha asegurado que aumentarán en numero de funcionarios que trabajaran en las zonas afectadas.
