Chequia reconcibe su vivienda social: habrá tres categorías
El Gobierno checo ha presentado su borrador para una nueva ley de Vivienda Social destinado a subsanar las deficiencias de la concepción actual. El texto divide las viviendas sociales en tres categorías, según el nivel de necesidad de sus inquilinos, y deja su responsabilidad en manos de los municipios.
Actualmente el Estado subvenciona a las familias más pobres, para que puedan hacer frente al alquiler, normalmente pagando directamente buena parte de este gasto al albergue que los aloja. Esto ha llevado a que en muchos casos los albergues encarezcan los alquileres de forma injustificada. La nueva ley en cambio permitiría a los más desfavorecidos habitar en viviendas de titularidad pública, explica la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Michaela Marksová-Tominová.
De acuerdo con este primer borrador habría en la República Checa tres categorías de vivienda para los más necesitados: la de crisis, para gente sin hogar o con graves problemas de salud, la social, cuyos inquilinos contarían con la ayuda de asistentes sociales, y la accesible, para personas mayores, discapacitados, víctimas de la violencia doméstica o huérfanos que acaben de salir del orfanato. También se cuenta con una subvención para las familias que no sean capaces de pagar el alquiler con el 40% de sus ingresos.
La oposición de derechas argumenta que en el proyecto no se tiene en cuenta si los beneficiarios son o no responsables de su escasez material ni tampoco se liga la subvención a la condición de trabajar o estar dispuesto a hacerlo. La responsabilidad de los ayuntamientos en este caso es además inconstitucional, argumenta Jitka Chalánková, de TOP 09.
“Esta nueva obligación de los municipios, de crear un fondo de vivienda para las necesidades de las viviendas sociales, choca con la Constitución y con la autonomía de actuación de los municipios”.
El plan cuenta con una previsión de gastos de 540 millones de euros anuales durante 20 años, que se volcarían en el proyecto en forma de créditos y subvenciones. En los gastos se incluye la contratación de más de 700 personas en la Oficina de Empleo.
Las Organizaciones No Gubernamentales critican por su parte que el concepto de vivienda social llega demasiado tarde y que no dará tiempo a que esté listo en el plazo que la coalición de Gobierno se propuso al principio de la legislatura. Temen que la ley no se apruebe antes de las elecciones generales y se siga atrasando o quede desvirtuada.
