Ministro de Informática en el banquillo de los acusados
La Fiscalía de la República pidió a la policía que presente una acusación contra el ministro checo de Informática, Vladimír Mlynar, por sospechas de haber defraudado al Estado.
El ministro de Informática, Vladimír Mlynar, de 39 años, podría ser condenado a hasta ocho años de prisión. El fiscal Jan Karabec sostiene que Mlynar violó la ley al traspasar recursos públicos, por más de doscientos mil euros, a una empresa privada.
El ministro de Informática, Vladimír Mlynar, del Partido Unión de la Libertad, explicó que no tenía ningún tipo de información oficial, que no había recibido ninguna notificación oficial sobre alguna acusación contra su persona, mientras que los medios de comunicación informan al respecto.
Entre las tareas del ministro de Informática estaba la creación de un portal de Internet para la administración pública. Con tal motivo pidió a la empresa Testcom, con subvenciones del Estado, la creación de Testcom Servis.
El problema radica en que para el surgimiento de la nueva empresa se necesitaron más de doscientos mil euros que se utilizaron de fondos de la empresa Tescom, subvencionada por el Estado.
Especialistas en la materia sostienen que no había necesidad de crear una nueva empresa, con la inversión de miles de euros, para la confección de un sitio Internet.No obstante, el ministro Vladimír Mlynar sostiene que la segunda empresa surgió con el propósito de separar las actividades de investigación de las actividades comerciales.
Entretanto, el ministro de Finanzas checo, Bohuslav Sobotka, subrayó que la transacción no le parecía, ya que la consideraba una falta contra la política de disciplina presupuestaria que aplica el Gobierno.
Los principales medios de comunicación señalan que desde los cambios democráticos ocurridos en 1989 tan sólo un político, el ex ministro de Finanzas Ivo Svoboda, ha sido condenado a prisión por desfalco.
Además de la acusación contra Mlynar, pende otra contra la antigua ministra de Salud Marie Soucková quien pagó honorarios millonarios a un abogado por servicios prestados al Estado.