Los últimos mandatarios comunistas no responderán ante la justicia
Un fiscal ha detenido el proceso iniciado hace meses contra Miloš Jakeš, Lubomír Štrougal y Vratislav Vajnar por el uso de armas de fuego en la frontera checoslovaca. Jakeš falleció este verano y los dos otros altos cargos comunistas padecen enfermedades psiquiátricas.
Nueve personas fueron asesinadas y, al menos, otras siete resultaron heridas intentando escapar de la Checoslovaquia comunista entre 1976 y 1989. Después de una denuncia de la Plataforma de la Memoria y de la Conciencia Europeas, en noviembre de 2019 fueron imputados por abuso de poder de un funcionario público el exsecretario general del Partido Comunista de Checoslovaquia Miloš Jakeš, el expresidente del Gobierno Lubomír Štrougal y el exministro del Interior Vratislav Vajnar.
Jakeš falleció el pasado mes de julio a los 97 años de edad. Pero tampoco los nonagenarios Štrougal y Vajnar llegarán a responder ante la justicia debido a su estado de salud mental, explicó a la Radio Checa el fiscal del Estado para Praga 1, Jan Lelek.
“La enfermedad mental acaecida después de la comisión del delito les impide comprender el sentido del proceso judicial”.
Para Neela Winkelmann, que presentó la denuncia cuando era directora de la Plataforma de la Memoria y de la Conciencia Europeas, los informes médicos presentados por los abogados de Štrougal y Vajnar para demostrar su estado mental, “puede que sean el reconocimiento indirecto de un sentimiento de culpa”.
Lelek asegura que las pruebas reunidas contra ellos por el cuerpo de la Policía de Documentación e Investigación de los Crímenes del Comunismo eran suficientemente sólidas. Las penas por el delito podían ser de entre dos y diez años de prisión.
En la demanda se parte del año 1976 porque es cuando entra en vigor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que otorga el derecho a todo ciudadano a salir libremente de cualquier país, incluido el propio.
Archivos encontrados hace unos años demuestran que Jakeš, Štrougal y Vajnar eran conscientes de que en las fronteras checoslovacas se disparaba a quienes pretendían refugiarse en el extranjero. De hecho, no solo se disparaba, algunas de las víctimas murieron atacadas por los perros del Ejército. Pero, desde su posición de poder, los imputados no solo no hicieron nada por evitarlo, sino que daban instrucciones concretas a ministros a este respecto.
La decisión sobre el proceso aún no es firme. Cuando lo sea, esta llegará al Fiscal Supremo del Estado, que en menos de tres meses podría anular definitivamente el proceso.
Han pasado más de treinta años de la Revolución de Terciopelo, por lo que Neela Winkelmann lamenta que no se haya empezado antes a resolver estos casos del pasado reciente. También se muestra crítica con que haya sido una ONG como la que dirigía quien haya iniciado este proceso, y no el cuerpo de la Policía encargado de los crímenes del comunismo que se fundó en 1996. Pero en cualquier caso, considera gratificante que los tres antiguos altos cargos fueran imputados y que tuvieran que volver a echar cuentas con sus propias conciencias. También opina que se ha demostrado a la sociedad que no se puede escapar de la justicia, y también al propio Miloš Jakeš, que murió siendo consciente de que había un proceso abierto contra él.
