Las instituciones públicas han fallado en su deber de emplear a los discapacitados
Un informe presentado por el gabinete del Ministro de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, Jiří Dienstbier, la Administración pública de la República Checa está fallando en su deber de emplear un determinado número de discapacitados o en proporcionar bienes o servicios a las firmas que podrían emplearlos. De acuerdo con el informe ni un sólo Ministerio checo está completando la cuota del 4%, llegando a pagar unos 540.000 euros en multas.
Las instituciones públicas deberían ser un ejemplo de lo que se exige a las empresas privadas respecto a la contratación de discapacitados, pero las cifras muestran que están haciendo un esfuerzo muy pobre. En 2014 ningún Ministerio checo hacía empleado a la cantidad de personas con discapacidad que, por ley, debería y muchos de ellos tampoco optaban por la alternativas de comprar bienes y servicios a empresas que sí empleen a las personas discapacitadas y han estado pagando multas al Estado. En 2007 los Ministerios pagaron en multas al Estado por este motivo 36 millones de euros y el año pasado fueron 553.000 euros.
Un total de 407 personas con discapacidades físicas trabajaron en los Ministerios e instituciones estatales en 2014 aunque las cuotas marcaban que debían haber trabajado 946. El Ministerio que más se acercó a la cuota fue el de Trabajo y Asuntos Sociales que empeló a 37 personas y compró bienes realizados por discapacitados para compensar por las cinco puestos de trabajo que les faltaban por cubrir. Los Ministerios de Cultura, Comercio, Justicia y Salud también cooperaron con firmas que emplean a personas con discapacidad mientras que el resto de Ministerios han estado pagando las multas simplemente. La Oficina Anti-Monopolios y la Oficina de Regulación de la Energía no emplearon a ninguna persona con discapacidad y la multa más alta la pagó la Oficina de Telecomunicaciones, con un coste de unos 36.000 euros.
Los Ministerios han ofrecido diferentes explicaciones para justificar su fallo en cumplir la ley. El Ministerio de Medioambiente ha informado de que no ha tenido demanda de suficientes personas con discapacidad para cubrir las cuotas que le tocaban y el de Exteriores ha dicho que no han podido cumplir la norma porque para el puesto necesitan empleados que tengan disponibilidad para viajar.
El Consejo Nacional de Personas Discapacitadas reprocha a la Administración pública su actitud, puesto que si ellos no dan ejemplo a las empresas privadas ni si quiera les importará cumplir con la ley.
