Izquierda y derecha acuerdan limitar la inmunidad parlamentaria
La primera reunión ministerial del Gobierno de Petr Nečas ha dado como resultado una rompedora propuesta de ley. El plan es reducir la amplia inmunidad parlamentaria vigente en el país, de manera que un ex diputado pueda ser llevado ante la justicia, algo imposible hoy día.
Un diputado o senador checo disfruta actualmente de inmunidad parlamentaria toda su vida, aún después de haber abandonado su escaño. Precisamente, uno de los objetivos del nuevo Gobierno, en el marco de su plan para crear una clase política más transparente, es derogar este punto.
El hecho no es ninguna novedad, se trata del décimo cuarto intento de este tipo después de 1989, la diferencia es que esta vez existe el consenso necesario entre la mayor parte de las fuerzas políticas.
Tratándose de una ley de carácter constitucional, necesitará de una mayoría cualificada de 120 votos en la Cámara de Diputados para ser aprobada. El gobierno tripartito dispone de 118. Por ese motivo será necesario negociar con la socialdemocracia en la oposición.
“El hecho de que se conserve una forma determinada de inmunidad penal le da a la iniciativa, en mi opinión, una gran probabilidad de que sea aprobada. Además, me gustaría subrayar que la enmienda se corresponde con la manera en que se ha resuelto el tema de la inmunidad en otros estados de la Unión Europea”.
De hecho, según el vicepresidente del grupo parlamentario socialdemócrata Jeroným Tejc, el texto solo necesitará de unas pequeñas modificaciones para contar con su apoyo.
“Creo que la propuesta es básicamente buena. No hay motivos para poner condiciones al texto básico. Sin embargo hay algunas voces, no solo en nuestro partido, que se cuestionan si esta cancelación de la inmunidad vitalicia se debe extender a todas las infracciones o solo a las que no tengan que ver con el ejercicio del mandato. Pero es un detalle, y no impedirá que la ley sea aprobada”.
Durante su primera reunión de trabajo, el gabinete de Nečas trató también la iniciativa presentada por los socialdemócratas para reformar la ley de elección del presidente de la República. La idea de la formación es que este cargo sea elegido por sufragio directo. El Gobierno rechazó la propuesta alegando defectos de forma.
