Gobierno checo quiere ampliar las competencias del Servicio de Inteligencia
El Gobierno checo quiere ampliar las competencias del Servicio de Inteligencia (BIS). Después de lo ocurrido en París las autoridades checas consideran que es necesario aplicar nuevas medidas para aumentar la seguridad de la población.
Mayores medidas de seguridad fueron aprobadas por el Gobierno checo como reacción a los recientes atentados terroristas de París, tal y como confirmara el primer ministro Bohuslav Sobotka.
“Las diferentes unidades del Servicio de Inteligencia recibieron instrucciones especiales. Deberán prestar atención a todos los lugares que puedan representar un blanco o punto de operaciones para los representantes del llamado Estado Islámico”.
Por razones de seguridad no fueron especificados mayores detalles sobre los lugares en los que aumentará la protección.
Entre los pasos anunciados por el Servicio de Inteligencia destaca un mayor control de las cuentas bancarias de personas e instituciones sospechosas.El jefe del Comité de Seguridad de la Cámara Baja, Roman Váña, confirmó que se está trabajando para que se permita levantar el secreto bancario en Chequia.
“Adquirir información sobre la financiación de los terroristas representa siempre un duro golpe para el funcionamiento de las organizaciones radicales. No hay que olvidar que este tipo de información es de gran importancia a la hora de cooperar con Servicios de Inteligencia de otros países”.
El anuncio de la aplicación de semejante medida no ha topado con buena aceptación entre los ciudadanos que considera que puede tratarse de una violación de sus derechos.Fuentes del Servicio de Inteligencia insistieron en que el levantamiento del secreto bancario afectará sólo a las empresas y personas con ingresos sospechosos y cuentas poco transparentes.
Los agentes han pedido al Gobierno mayores competencias asimismo para la escucha de los teléfonos móviles.
Se da el caso de que una persona sospechosa arriba, por ejemplo, al aeropuerto de Praga y de inmediato realiza llamadas telefónicas, pero debido a las limitaciones actuales resulta muy difícil actuar de manera inmediata para detectar a su interlocutor.
Con el fin de mejorar sus actividades el Servicio de Inteligencia pidió al Gobierno una inyección económica de unos 36 millones de euros.