“El Gobierno de coalición llevará al país a una pobreza absoluta”
La Confederación Checomorava de Uniones Sindicales ha lanzado duras críticas en contra del programa de Gobierno del primer ministro Petr Nečas. Opina que la coalición tripartita se ha pasado con los recortes presupuestarios y rechaza rotundamente sus planes para enmendar el Código Laboral.
“El programa de Gobierno carece de equilibrio entre ingresos y gastos y puede llevar a un dramático descenso del nivel de vida de los ciudadanos”. Éste es el veredicto de la Confederación Checomorava de Uniones Sindicales, cuyos expertos han analizado detalladamente el documento.
Reducir los gastos, sin que aumenten los ingresos del Estado, no es suficiente para lograr un presupuesto público equilibrado, sostuvo el presidente de la Confederación, Jaroslav Zavadil, en la Radiodifusión Checa.“Es necesario subir los impuestos y cambiar la cuota tributaria, es decir, la proporción entre los impuestos y el PIB, que es del 32 por ciento en la República Checa, mientras que la media europea es de un 40 por ciento. Si no se adoptan estas medidas, dentro de poco tiempo habrá en el país un considerable número de personas al borde de la pobreza”, destacó Zavadil.
Si la política presupuestaria del Gobierno les preocupa a los representantes sindicales, el proyecto para cambiar el Código Laboral les saca de quicio.Zavadil critica especialmente la propuesta del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jaromír Drábek, para que los trabajadores que presenten su renuncia por voluntad propia no tengan derecho a recibir ayuda por desempleo.
“Imagínense que un empleado no recibe sueldo durante varios meses o debe cuidar de un familiar enfermo, entonces no le queda otra opción que presentar su renuncia. Quitarle encima el apoyo por desempleo, lo consideramos impertinente”, subrayó Zavadil.
El ministro propone, entre otras cosas, prolongar de dos a cinco años el periodo de tiempo para firmar contratos temporales y calcular la indemnización por despido de acuerdo con los años trabajados.Los sindicatos consideran todas estas medidas perjudiciales para los empleados. Advierten también que conducirán a unos mayores escapes tributarios.