Chequia podría perder 20.000 millones de euros por la dependencia política de sus funcionarios

Foto ilustrativa: Bartlomiej Stroinski / Stock.XCHNG

La Comisión Europea ha amenazado a la República Checa con no entregarle los fondos de cohesión de los próximos seis años, unos 20.000 millones de euros, si no aprueba una ley que garantice la independencia de los funcionarios. La administración checa es demasiado dependiente de los cambios políticos, lo que afecta a su continuidad y eficiencia.

Foto ilustrativa: Bartlomiej Stroinski / Stock.XCHNG
La República Checa es el único país de la Unión Europea que todavía no cuenta con una legislación que garantice la autonomía de la administración pública respecto al poder político. Desde hace diez años se da vueltas al tema, y aunque todos los partidos en apariencia están de acuerdo, todavía no se ha aprobado ninguna ley en ese sentido.

La falta de un marco legal apropiado es la causa, según la Comisión Euroea y diversas Organizaciones No Gubernamentales, de que en la República Checa haya una excesiva dependencia de los funcionarios hacia el político de turno. Dicho de otra manera, cuando llega un nuevo ministro o cargo político, despide a todo el que puede para poner a su gente. Esto deriva en una falta de continuidad y por tanto, de profesionalidad y eficiencia de la administración pública, que empieza prácticamente de cero en cada legislatura o cambio de gobierno.

Este marco legal es además uno de los requisitos para la pertenencia a la Unión Europea, por lo que la Comisión ha advertido al Gobierno checo que, de no aprobarse la normativa, el país perdería el derecho a recibir los fondos de cohesión europeos, que en el periodo de 2014 a 2020 deberían ascender a 20.000 millones de euros.

El ministro de Finanzas checo, Miroslav Kalousek, ha anunciado que pronto el Gobierno tendrá listo el proyecto de ley correspondiente.

Miroslav Kalousek,  foto: Filip Jandourek
“Estamos intentando unificar el punto de vista de la coalición de Gobierno sobre este asunto en dos semanas, y sin duda vamos a conseguirlo. Tendremos en cuenta las advertencias de las Organizaciones No Gubernamentales”.

El texto que baraja el Ejecutivo incluiría medidas como la obligatoriedad de convocar un concurso público para cada plaza, la definición de qué puestos son políticos y cuáles no y la prohibición de que los funcionarios ocupen cargos en partidos o movimientos políticos. Sin embargo para algunas organizaciones civiles quedarían puntos oscuros, como la definición de las relaciones de poder entre los funcionarios profesionales y los designados a dedo.

En este sentido, la vicepresidente del Gobierno Karolína Peake considera indispensable que los funcionarios dependan directamente de un cargo profesional, como un secretario estatal, en lugar de hacerlo de un cargo político, como en la actualidad.

La Comisión Europea también ha criticado de la República Checa la desproporción entre empleados y cuentapropistas, que calificó en su informe de “perversa” y que en su opinión lleva a un aumento del empleo sumergido. Asimismo, desde Bruselas se critica también la lentitud con la que se está implantando el aumento de la edad de jubilación y la reducción del déficit público.