Responsables de la operación "Saneamiento" comparecen ante el tribunal

Responsables de la operación 'Saneamiento', foto: CTK

Once altos cargos de la antigua Policía Secreta comunista fueron entregados este lunes a la justicia. Están acusados de participar en la operación "Saneamiento", acción cuyo objetivo era obligar a los adversarios del régimen comunista abandonar "voluntariamente" el país.

Responsables de la operación 'Saneamiento',  foto: CTK
Catorce años después de la caída del comunismo y veintiséis años después de que el entonces ministro del Interior, Jaromír Obzina, pusiera en marcha la operación secreta "Saneamiento", los responsables comparecen ahora ante el tribunal. En los años 70 y 80 persiguieron a los disidentes con el objetivo de expulsarlos de la República. Sus víctimas fueron los signatarios de Carta 77, declaración que condenaba la violación de los derechos humanos en la antigua Checoslovaquia comunista.

Los ex oficiales de la Policía Secreta se defienden que al no obedecer órdenes habrían sido castigados. La fiscal Jana Hercegová lo rechaza alegando que incluso el sistema totalitario ofrecía soluciones de cómo no actuar contra la propia conciencia.

"Si tenían miedo de rechazar la orden directamente pudieron renunciar a sus cargos o retirarse de la Policía", indicó la jurista.

Repetidos registros de casa, hostigamiento a las familias, obstrucciones al buscar un empleo, interrogatorios en la Policía, encarcelamiento y golpes, éstas fueron algunas de las torturas psicológicas y físicas que emplearon los jefes de la Policía Secreta para forzar a los disidentes a salir del país.

"No me acuerdo", fue la respuesta más frecuente que dieron los acusados al tribunal. Otras declaraciones fueron realmente curiosas. "Siempre estimé a mi enemigo", manifestó el ex jefe del departamento de la Policía Secreta de Bohemia del Norte, Zdenek Hanák, afirmando que los disidentes le habían agradecido "su actuación correcta y prudente" y que la operación "Saneamiento" exterminó el consumo de la marihuana en su región.

El tribunal lo puede condenar ahora a hasta ocho años de prisión.