Presidente Havel quedó en minoría

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Todo parece indicar que las próximas elecciones parlamentarias en la República Checa, planeadas para el año 2002, se celebrarán según las estipulaciones de un nuevo sistema electoral. La Cámara Baja checa volvió ayer a aprobar la enmienda de ley electoral, vetada recientemente por el Presidente Václav Havel.

A favor de la enmienda que favorece a los partidos mayoritarios, votaron 124 diputados, mientras que en contra votaron tres socialdemócratas y una diputada del Partido Nacional Socialista. Los comunistas, los diputados por la Unión de la Libertad y los Democristianos, abandonaron la sala de votación, en protesta contra la enmienda de la ley electoral. El hecho de que la enmienda fuera aprobada por la Cámara Baja checa se debe exclusivamente a los votos de los diputados de la gobernante Socialdemocracia y a los de su aliado Partido Cívico Democrático.

Petra Buzková, una de los 3 diputados socialdemócratas que votaron en contra de la enmienda, explicó los motivos de su negativa:

"Estoy en contra de la nueva ley, porque estoy convencida de que la misma traerá una gran desproporción entre los votos de los electores por un lado y la cantidad de mandatos obtenidos por el otro. Considero que con la entrada en vigor de la nueva ley electoral - sostuvo Petra Buzková - podría darse el caso de que el porcentaje de los votos entregados a favor de determinado partido no corresponda al porcentaje de escanos obtenidos por el partido en cuestión."

Para anular el veto del Presidente Havel a la enmienda de la ley electoral que con anterioridad fuera aprobada por el Senado, se necesitaban sólo 101 votos. Teniendo en cuenta que los partidos mayoritarios - el Socialdemócrata y el Cívico Democrático - tienen en total 137 diputados en la Cámara Baja, no era difícil predecir el resultado de la votación.

El estado actual de las cosas podría cambiarlo únicamente el Tribunal Constitucional. Los partidos de oposición integrados en la "coalición de los cuatro" anunciaron estar decididos a presentar una queja ante el Tribunal Constitucional, en caso de que no lo haga el Presidente Havel.