Una nueva línea telefónica contra la corrupción

El ministro del Interior saliente, Ivan Langer, ha declarado la lucha contra la corrupción. Junto con la Organización No Gubernamental Transparencia Internacional ha propuesto establecer una línea central de teléfono en la que los ciudadanos podrían denunciar el comportamiento corrupto de funcionarios públicos sea en sus municipios o a nivel nacional.

Ministro del Interior,  Ivan Langer  (Foto: CTK)
Doblan las campanas por los sobornadores y estafadores. O mejor dicho por ellos sonará el teléfono. 199, éste es el número de una nueva línea anticorrupción que debería ser puesta en servicio a principios del año entrante.

En algunos Ministerios, oficinas e instituciones estatales ya funcionan líneas anticorrupción, pero los ciudadanos no recurren a ellas, quizá porque no saben de su existencia o les tienen poca confianza. Por ello, todas estas líneas deberían ser eliminadas y sustituidas por una conexión telefónica nueva y central, indicó el ministro del Interior, Ivan Langer.

"La característica de la línea anticorrupción 199 consiste en que será manejada por Transparencia Internacional, una Organización No Gubernamental que no tiene que temer a nadie y que, por el contrario, tiene una gran fuerza desde el punto de vista de la opinión pública", sostuvo Langer.

Ivan Langer y Adriana Krnacova de  Transparencia Internacional  (Foto: CTK)
Los expertos que contestarán las llamadas ofrecerán a la vez una consulta jurídica, precisó Milan Sticka de Transparencia Internacional.

"Los avisos de los ciudadanos serán estudiados y reelaborados para que los órganos del Estado como, por ejemplo, la Policía, sean capaces de solucionar el problema de manera satisfactoria, es decir penalizar a las personas implicadas en la eventual corrupción", explicó Sticka.

El ministro del Interior presentará al Gobierno la nueva Estrategia para la lucha contra la corrupción este miércoles. Además de la línea anticorrupción el plan propone aumentar el límite máximo de penas de prisión por corrupción de los actuales siete años a los quince. Las personas condenadas en el pasado por corrupción o comportamientos irregulares durante los concursos públicos serían registradas en una "lista negra" que estaría al alcance de todo el mundo.