Las Fuerzas Armadas en un Proceso de Transición – I
Las fuerzas armadas no han resultado ser una amenaza al orden constitucional en el mundo post-comunista, como lo han sido en otras partes del mundo como Latinoamérica. El golpe de Estado soviético de agosto de 1991 fue liderado principalmente por la cúpula gubernamental y la KGB (las fuerzas armadas jugaron un papel marginal y sus motines precipitaron el colapso del golpe), y el golpe político-militar contra Elçibey en Azerbaiyán, son excepciones a la regla.
Un ex director de la CIA, John Deutsch, mencionó “todos los días me sorprende cómo el ejército ruso puede aguantar sus problemas sin intentar participar en la política o desestabilizar el orden constitucional”. Algunos académicos piensan que esto se debe al vestigio de la política comunista de tener un claro control civil sobre las fuerzas armadas y una tradición que data de antes del comunismo en Rusia, de un ejército que no interfiere en la política.
Teóricamente, las relaciones cívico-militares intentan lograr un balance entre el profesionalismo de las fuerzas armadas y su rendición de cuentas ante el orden político y constitucional. Sin embargo, en una transición a la democracia, se presentan problemas especiales que los líderes de una democracia establecida nunca han visto.
Los analistas concuerdan en que las reformas a los servicios secretos heredados del pasado tienen un impacto mucho más consecuente para la consolidación democrática que las reformas a las fuerzas armadas. Sin embargo, sí se deben efectuar reformas por la simple razón de que las fuerzas armadas heredadas del comunismo fueron diseñadas con una misión que ya no tiene relevancia en las circunstancias post-comunistas, aunque se deben efectuar a final de cuentas con respeto a la institución militar.
Dichas reformas no son muy diferentes a las reformas militares efectuadas en otros países que transitaron a la democracia, tales como Argentina, Sudáfrica y Alemania de la posguerra, aunque sí demuestran algunas características singulares. El caso de la RDA es indicativo de esta paradoja.
Mientras los demócratas de la RDA y los políticos de Alemania Federal tomaron medidas muy estrictas para disolver a la Stasi, confiscar sus activos y prohibir a la totalidad de su personal de participar en las nuevas estructuras democráticas, el ejército de la RDA, el NVA, simplemente se desvaneció sin mayores fanfarrias. Después de una depuración de sus mandos más altos y politizados (el último gobierno de la RDA despidió a todos los generales, todos los oficiales políticos y el personal de tribunales militares), muchos de sus oficiales y conscriptos encontraron cabida sin mayores problemas en el ejército de la Alemania unida, el Bundeswehr. Éste también heredó 2.400 tanques, 500 aviones y helicópteros y 300.000 toneladas de municiones, entre otros activos. Las reformas a un ejército en una nueva democracia se centran en los siguientes aspectos:
1) Despolitización. Durante el comunismo, células del partido comunista infiltraban todos los niveles de las fuerzas armadas para asegurar lealtad y para propósitos de “educación”. En las transiciones post-comunistas, los nuevos gobiernos deben asegurar el fin de estas células y la transición de las fuerzas armadas de instrumentos partidistas y politizados a una institución del Estado.
2) Nueva doctrina y misión. Mientras los ejércitos del Pacto de Varsovia fueron diseñados y entrenados para una guerra contra la OTAN, el fin de la Guerra Fría permitió la drástica reducción en gastos y en personal, y la modificación en su doctrina hacia la cooperación y la integración con organizaciones occidentales, incluso con la OTAN. En toda democracia, el poder democrático debe ejercer un control activo sobre las fuerzas armadas. Tal como con los sistemas de seguridad discutidos anteriormente, esto se ejerce principalmente por un comité especializado, multipartidista, elegido en el parlamento, y a través de presupuestos, personal y participación en la formulación de la doctrina, de los gastos mayores, de las promociones y de las estrategias de defensa. Preferentemente, el ministro de Defensa debe de ser un civil, y los partidos políticos deberían contar con cuadros de expertos en asuntos militares que puedan tomar la iniciativa de formular leyes.
3) Separación de administración y mando. Relacionado con el punto anterior, el poder político y civil debe mantener el control y exigir la rendición de cuentas de las fuerzas armadas. Pero no deben intentar manejarlas en su interior, dejando las decisiones cotidianas para los hombres y mujeres en uniforme. En caso de guerra, el poder político traza los objetivos estratégicos mientras los militares ejecutan las tácticas adecuadas para implementarlos.
4) Integración con la sociedad. Un ejército no puede ser separado de su función principal, que es defender la soberanía de la nación y de sus ciudadanos. Para esto, deben establecerse mecanismos que permitan una relación armoniosa entre ejército y sociedad. Uno de estos mecanismos puede ser un Ombudsman, o defensor del pueblo, que pueda investigar abusos a los conscriptos y asegure la dignidad del soldado como ciudadano. Al mismo tiempo, los soldados deben recibir capacitación que les permita reintegrarse a la vida civil.
5) Educación democrática. A todo soldado se le deben inculcar los principios democráticos de defender las instituciones del país. Los soldados deben tomar conciencia de su papel y de su misión para que no puedan ser utilizados con fines particularistas o anticonstitucionales. Algunos países los instruyen en desobedecer órdenes que contradigan las leyes del país —como derrocar un gobierno o desempeñar un papel policíaco. Un reto adicional para varios de los países post-comunistas fue la creación de sus propios ejércitos nacionales.
