Oposición quiere llevar al Tribunal Constitucional la devolución del patrimonio a las iglesias
Un grupo de diputados del opositor Partido Socialdemócrata anunció que presentará una queja ante el Tribunal Constitucional por considerar que la restitución de las propiedades a las iglesias por parte del Estado viola la Carta Magna. La oposición no se ha dado por vencida e insiste en obstaculizar la entrega del patrimonio que confiscaron los comunistas a las iglesias.
Los diputados están convencidos de que la manera en que el Gobierno quiere devolver a las iglesias el patrimonio nacionalizado durante el régimen comunista atenta contra la Constitución de la República, al menos en dos puntos.
Los políticos de la oposición señalan que se violan dos Artículos de la Carta de Derechos Fundamentales, uno referente a que el Estado está fundado sobre principios democráticos y no puede basarse en una ideología única ni credo religioso, y que los propietarios y sus propiedades son iguales ante la ley.
El vicepresidente del gubernamental Partido TOP 09 y ministro de Finanzas, Miroslav Kalousek, uno de los promotores de la restitución del patrimonio a las iglesias, considera que la oposición no tiene muchas posibilidades de éxito con su propuesta.“Tengo la sensación de que semejante propuesta no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. Creo que la propia socialdemocracia es consciente de ello”, indicó el político oficialista.
El Estado planea entregar a las iglesias las primeras propiedades a mediados de febrero, por lo que algunos analistas sostienen que la oposición trata de postergar la devolución presentando una queja ante el Tribunal Constitucional.
A los socialdemócratas no les gusta el hecho de que el Estado se vea obligado a pagar millones de euros a las iglesias porque éstas se nieguen a recibir determinadas tierras o inmuebles.Representantes de las iglesias presentaron 16 solicitudes oficiales pidiendo la devolución de tierras, bosques e inmuebles en enero, pero se espera que su número ascienda rápidamente.
Todo parece indicar que la oposición quiere aprovechar que el Tribunal Constitucional atraviesa un momento difícil, se está quedando sin jueces. A un significativo número de magistrados les termina su mandato de diez años y pronto carecerá del mínimo de jueces indispensable para funcionar. La oposición así ganaría tiempo para seguir creando opinión en torno a la polémica devolución del patrimonio de las iglesias.