La RCh acepta la aplicación de la orden de detención europea

Foto: Comisión Europea

En caso de que un ciudadano checo cometa un delito en algún otro país de la Unión Europea, podrá ser extraditado, a ese país, para ser procesado. Lo permitirá la orden de detención europea, cuya aplicación en la República Checa fue aprobada este miércoles por la Cámara Baja.

Foto: Comisión Europea
El Gobierno checo reaccionó con satisfacción a la aprobación de la medida por los diputados, señalando que la introducción de la orden de detención europea en la República Checa, reafirmará los esfuerzos de este país en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo internacional.

Para que la orden de detención europea pueda ser practicada debe ser ratificada por el Senado y por el Presidente de la República. A su aplicación se opone la oposición, insistiendo en que la extradición de un ciudadano de la República Checa a otro país, contradice la Constitución nacional. El Partido Cívico Democrático, la mayor formación de la oposición, baraja la posibilidad de presentar una queja ante el Tribunal Constitucional, indicó Jirí Pospísil, uno de los dirigentes de ese partido.

El saliente ministro del Interior,  Stanislav Gross  (Foto: CTK)
"No podemos extraditar a un ciudadano checo al exterior porque la Constitución checa no lo permite. Además, el Partido Cívico Democrático considera innecesaria esa medida, porque si un ciudadano checo cometiera un serio delito en el exterior, se le demandaría en juicio en la República Checa y sería procesado como si el delito lo hubiera cometido en este país".

El ministro del Interior, Stanislav Gross, criticó la postura de la oposición, insistiendo en que la orden de detención europea hay que concebirla como una nueva arma en la lucha contra el terrorismo internacional.

"En caso de que un ciudadano checo cometa un serio delito en algún otro país de la Unión Europea, no veo motivo alguno para que la República Checa se oponga a la investigación del caso", indicó Gross.

La orden de detención europea, que facilita y acelera los procedimientos de entrega por extradición, de personas demandas en juicio, fue introducida en la Unión Europea en reacción al ataque terrorista contra Estados Unidos en septiembre de 2001.