La devolución de las propiedades a las iglesias vuelve al debate político
Las propiedades confiscadas a las iglesias por el régimen comunista vuelven a ser tema de debate político en la República Checa. Un poco más de dos décadas después de la derrota del comunismo el Estado acordó devolver el patrimonio eclesiástico. No obstante, la socialdemocracia, ganadora de las elecciones anticipadas, insiste en la necesidad de cambiar lo convenido, provocando cierta tensión en las negociaciones sobre la formación del nuevo Gabinete de coalición.
Como uno de los posibles aliados de la Socialdemocracia en el Gobierno se perfila el democristiano Partido Popular (KDU-ČSL), pero éste defiende lo acordado sobre la devolución del patrimonio a las iglesias.
Los partidos de la izquierda argumentan que la restitución tal y como fue concebida es injusta y que representa una carga enorme para la nación en este momento, cuando el país se ve afectado por la crisis económica.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, Tomáš Holub, dijo a la Televisión Checa (ČT) que no es real hablar de cambios, pero que estaban dispuestos a debatir con los representantes políticos y explicar cómo se logró el acuerdo.
El representante eclesiástico aseguró que no existe la posibilidad de desistir, porque eso pondría en duda el sistema de derecho que rige en el país.
“Consideramos que ceder en este momento significaría negar el Estado de derecho. Estamos convencidos de que los líderes de los partidos que gobernarán el país están interesados en mantener y respetar el Estado de derecho”.
La ley para la restitución de los bienes a las iglesias cuenta con la devolución del 56% de todas las propiedades confiscadas por un valor de 2.900 millones de euros, junto a una compensación financiera de 2.300 millones de euros que se pagarán a plazos durante los próximos 30 años.
Se estima que el régimen comunista expropió a las iglesias unos 2.500 edificios, 175.000 hectáreas de bosques y 25.000 hectáreas de tierras laborables.
El Partido Comunista, por su parte, propone la convocatoria de un referéndum para que sean los ciudadanos los que decidan directamente sobre el monto de las propiedades que se devuelvan a las congregaciones religiosas.
